El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó formalmente el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y la Convivencia Pacífica, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN). A través de un pronunciamiento institucional, la organización ratificó su exigencia de lograr la derogación definitiva del instrumento legal.
Para el gremio periodístico, los cambios planteados resultan insuficientes frente a un marco legal que, a su juicio, conserva vicios de origen y continúa representando una severa amenaza contra la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en el país.
Sanciones económicas y efecto inhibitorio
Aunque la propuesta legislativa contempla eliminar las penas de prisión de entre 10 y 20 años que establecía el texto original promulgado en 2017, el SNTP advirtió que la sustitución por medidas administrativas y multas económicas no elimina el carácter intimidatorio de la norma.
El proyecto legislativo prevé sanciones pecuniarias que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor cotizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), además de jornadas de trabajo comunitario y programas educativos obligatorios. Para la organización, estas cuantías amenazan la sostenibilidad financiera de los medios independientes y profundizan la autocensura.
Facultades al Ejecutivo y ambigüedad conceptual
Otro de los puntos más críticos señalados por el sindicato es la atribución de competencias sancionatorias al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. A juicio de la directiva gremial, otorgar estas facultades a una instancia administrativa del Ejecutivo vulnera las garantías de imparcialidad, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Asimismo, el SNTP alertó que el articulado mantiene la vaguedad en definiciones clave como "discurso de odio", "hostigamiento" y "mensajes discriminatorios", lo que permite su uso discrecional frente a reportes de corrupción o críticas a la gestión pública. De igual forma, criticó la permanencia de disposiciones que permiten ordenar el retiro de contenidos digitales sin requerir una orden judicial previa.
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