Armando Altuve| [email protected]
Tras la aprobación de la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial N° 40.773, mediante Decreto N° 2.066, todos los empleados, tanto de empresas públicas como privadas, sin importar salario y cargo, podrán recibir el beneficio, puesto que se elimina el tope de tres salarios mínimos que se establecía en la legislación, aprobada en 2014, que fue derogada.
El texto legal contempla la supresión del límite máximo de 40% percibido por concepto de alimentación al mes y establece que el beneficio será otorgado por 30 días al mes, lo que implica que el empleado recibirá, como mínimo, el equivalente de 1,5 Unidades Tributarias por día, pudiendo percibir un máximo equivalente a 45 Unidades Tributarias, según reza el artículo 7. Es decir, el empleado recibirá un monto único de Bs. 6.750, cuyo costo cambiará con el incremento de la Unidad Tributaria.
Con la extensión del beneficio, las empresas deberán pa-gar hasta cuatro veces por este concepto. El Diario 2001 consultó a un departamento de Recursos Humanos de una firma mediana, del sector manufacturero, con una nómina de 1.700 trabajadores. La empresa, que por confidencialidad llamaremos “Consorcio Equis”, pagaba al mes Bs. 2.630.000 por tickets de alimentación, aproximadamente. Con los ajustes previstos en el decreto recientemente publicado, la erogación asciende a 11.840.000, sin incluir incidencias por guar- dias, horas extras o días feriados (un poco más de 30%).
Por otra parte, de acuerdo con la nueva legislación, el trabajador no perderá los tickets en los días de descanso aunque se ausente de su lugar de trabajo y tenga más de dos inasistencias. Únicamente, serán descontados los tickets por faltas imputables al empleado, lo que también tendrá incidencia en horas extras diurnas o nocturnas, feriados laborados y guardias.
Repercusiones
El gremio empresarial asomó que las compañías se verán comprometidas al asumir el ajuste en el beneficio de alimentación.
Aurelio Concheso, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, indicó que la medida obligará a las compañías a realizar ajustes en sus cuentas para cumplir con el incremento, a pesar de la situación económica caracterizada por la inflación. “El Gobierno, más que aumentar, debe resolver el problema económico del país”, apuntó.
Por su parte, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, consideró que el Gobierno “actúa de mala manera” al imponer al sector privado en particular un incremento sin haberlo consultado con las pequeñas y medianas empresas que, a su juicio, serán las más afectadas por la medida del Ejecutivo.
“En el mundo privado lo que no produces, no lo puedes distribuir después. Por eso, mientras persista ese torniquete en la producción, a las empresas se les hará cuesta arriba extender beneficios”, indicó.
El director ejecutivo Maldonado agregó que las empresas, al verse impedidas de cancelar el beneficio a todos sus empleados, podrían cerrar y, por consiguiente, acentuar el desempleo. Resaltó que el aumento representará una carga fiscal para el Gobierno, que se traducirá en inflación, porque deberá asumir el costo con la impresión de dinero inorgánico.
2015-10-28