Trabajadores públicos denuncian suspensión de salarios de manera "injustificada" y sin ser notificados. Muchos califican el hecho como un "despido indirecto" que atenta contra la inamovilidad laboral.
De acuerdo con informaciones, las empresas públicas están deshaciéndose del personal que no ha asistido a su lugar de trabajo desde el inicio de la pandemia por la COVID-19.
"Están violando el derecho de los trabajadores, se sienten desamparados, pero el patrono no entiende el porqué no asisten a sus puestos de trabajo", expresó Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Lara (Seepel).
Los trabajadores públicos son apoyados por Seepel, quien asegura que despedir a un empleado sin justificación válida está contra la normativa legal. Se estima que el 30 por ciento de las personas que hacían operaciones en la administración pública están presuntamente destituidas.
Empresas como Corpoelec ha despedido al menos 140 empleados, siendo sacados del sistema y reteniéndoles el pago.
"Le impiden el ingreso a las instalaciones, entonces eso es prácticamente un despido porque no hay manera que puedan entrar y quedan anulados", dijo Alberto Perozo, secretario del sindicato de Corpoelec.
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2021-07-22
