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El Tribunal Supremo de Justicia realizó el "Congreso Internacional de Derecho Agrario. Poder Judicial garante de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Semillas y Agricultura Urbana", con el propósito de discutir y discernir académicamente sobre las normas jurídicas venezolanas en la materia, oportunidad en la cual el primer vicepresidente del TSJ, magistrado Maikel José Moreno Pérez, destacó que desde el Poder Judicial "no permitiremos que la hambruna sea la justificación de los propósitos políticos de algunos grupos, corrompidos por su deseo de alcanzar el dominio y el poder en Venezuela".
El magistrado Moreno Pérez hizo un llamado "a la reflexión para reforzar mediante los instrumentos constitucionales y legales, las medidas necesarias a tomar, en aras de la defensa y respaldo de cada uno de los objetivos que nos hacen garantes de la seguridad y soberanía alimentaria, destinada a lograr su disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico". Así lo informaron a través de un boletín de prensa.
Por su parte, la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, coordinadora Nacional de la Jurisdicción Especial Agraria del Poder Judicial y vicepresidenta de la Sala de Casación Social del Alto Tribunal, dijo que uno de los objetivos del Congreso es el de "ondear la bandera del impulso del desarrollo rural sustentable de nuestra nación, que permita a todas y todos el acceso a la disponibilidad de alimentos y a garantizar el desarrollo de las presentes y futuras generaciones con la explotación racional de los recursos naturales renovables, así como el resguardo de nuestra independencia alimentaria".
Reiteró que el Poder Judicial, garante de la seguridad y la soberanía alimentaria, actúa "como guardián del orden constitucional, en el pleno ejercicio de su potestad de impartir Justicia mediante la aplicación y la interpretación de los principios y valores constitucionales vigentes", una vez que las juezas y jueces agrarios son a quienes les corresponde conocer y dirimir los conflictos surgidos con ocasión de la materia agraria, y quienes hacen cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, en particular la Ley de Semillas.
El ciclo de ponencias lo inició el doctor Hermann Escarrá, quien explicó la constitucionalidad de la Ley de Semillas una vez que en su articulado propugna la garantía al acceso a la alimentación del pueblo como lo establece la Carta Magna venezolana, indicando además que el concepto estratégico nacional debería incluirse en conformidad con el artículo 323 constitucional. Dijo que la Ley de Semillas es un pedazo de la Constitución Bolivariana, y que el TSJ es una institución que está respondiendo a través de su labor jurisdiccional y académica, reivindicando el patriotismo Republicano, a través de Congresos Internacionales que discuten las soberanía y las leyes.
La ministra del Poder Popular para Agricultura Urbana, socióloga Lorena Freitez, expuso el tema "Desafíos Jurídicos para la Ciudad Productiva". Señaló que en Venezuela se han dado importantes pasos en la constitucionalización de las normas del derecho agrario, así como en la defensa de la soberanía alimentaria, considerando como derechos la alimentación, la producción, las formas autóctonas de producir, la conservación de la semilla, entre otras conquistas. Destacó la importancia de la jurisdicción agraria, "la existencia hoy de los tribunales y jueces agrarios nos permiten seguir a la vanguardia en el derecho agrario, que es un patrimonio vital para avanzar en la ciudad productiva", dijo.
Por su parte el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Damiani Bustillos, disertó sobre los "Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía Alimentaria". Manifestó que el Texto Fundamental recobró en su articulado todo lo relacionado con el ámbito de la seguridad agroalimentaria como respuesta a la necesidad de tutelar constitucionalmente un elemento esencial para el desarrollo sustentable del país.
El tema de la "Ley de Semillas en Venezuela y Derecho de los Agricultores" fue expuesto por la licenciada Esquisa Omaña, directora del Laboratorio de Bioética y Biopolítica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; entretanto el ingeniero Freddy Briceño, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) abordó la "Aproximación y complementariedad entre dos visiones divergentes referidas a la Ley de Semillas", mientras que el "Análisis contextual de la producción de semillas en Venezuela" fue tratado por el asesor del Viceministerio de Producción Agrícola del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, ingeniero Javier Sánchez.
2016-08-04