Redacción 2001|[email protected]
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos. Tener mejores condiciones de vida, un empleo digno y bien remunerado, acceso a la salud, la educación, vivienda y que sus derechos fundamentales sean respetados, es el deseo y la necesidad de todo ser humano y por ello no cesa en la búsqueda de ese objetivo.
Con el ánimo de apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos, las Naciones Unidas decidieron, en 2007, celebrar cada 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social y este año centra su atención en los trabajadores migrantes y su búsqueda por mejorar la calidad de vida.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad, el motivo principal para migrar está ligado directa o indirectamente a la búsqueda de un empleo digno. Incluso en las situaciones en las que el trabajo no es la razón más importante, el empleo suele ser un elemento típico de cualquier proceso migratorio.
La OIT calcula que unos 150 millones de trabajadores son migrantes -es decir, un 4,4 por ciento de la mano de obra mundial-, de los cuales el 56 por ciento son hombres y el 44 por ciento, mujeres. A nivel mundial, los trabajadores migrantes tienen una tasa de actividad más alta que los locales: un 73 y un 64 por ciento, respectivamente.
En Venezuela, durante los últimos 10 años, casi 3 millones de personas han abandonado el país en búsqueda de mejores condiciones de vida: un empleo digno bien remunerado, seguridad social y económica, respeto a sus derechos fundamentales y especialmente el deseo de vivir en paz. Esta realidad se ha incrementado en la medida que se profundiza el colapso de la economía.
El empeño de implantar un modelo socialista en el país, que se inició con Hugo Chávez en 1999 y continúa con Nicolás Maduro en los últimos cinco años, ha destruido, según Fedecámaras, el 80% del aparato productivo.
Venezuela posee actualmente la inflación más alta del mundo y según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional cerró el año pasado sobre 2.000%. Se trata de una hiperinflación que devora la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y ha devaluado la moneda nacional a niveles alarmantes.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), la crisis alimentaria y humanitaria que viven los venezolanos hizo que sólo en el primer mes de 2018 hubiese un incremento en la cantidad de protestas. Se registraron 714 manifestaciones, un promedio de 24 diarias.
Los principales motivos que llevaron a los ciudadanos a manifestar en las calles fueron la falta de alimentos y medicinas. La modalidad fue la de cerrar calles en la mayoría de los casos, en protestas dispersas y espontáneas. El observatorio también detalla un repunte de los saqueos e intentos de saqueos durante las protestas.
Organizaciones internacionales como Human Right Watch, Caritas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han ratificado lo que vienen denunciando varios integrantes del Parlamento, y es que en Venezuela existe una crisis humanitaria y se requiere que el Ejecutivo nacional abra un canal para que desde el exterior lleguen medicamentos y alimentos para la población, sin embargo, la posición del gobierno de Nicolás Maduro ha sido la de negar esa situación y denunciar las intenciones injerencistas de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Perú.
El presidente Maduro insiste en que en el país hay una “guerra económica” y asegura que todo lo que sucede con el alza de los precios, la inflación, el cierre de empresas y la escasez de alimentos y medicinas, obedece a esta “guerra”.
En tal sentido, ha insistido en que no permitirá que ningún gobierno extranjero intervenga en los múltiples asuntos de Venezuela a través de una supuesta “ayuda humanitaria”.
Lo cierto es que la crisis en el país avanza y cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a abandonar el país. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hasta ahora 230 mil venezolanos han solicitado asilo o alguna otra alternativa migratoria. El organismo internacional advierte que ya se puede hablar de un “desplazamiento forzado”, fenómeno que es nuevo en esta nación y que está afectando a sus países vecinos debido al “éxodo” masivo a esos territorios.
2018-02-18
