Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han vuelto a tensar aún más tras las acusaciones anoche del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el Gobierno de Barack Obama, al que acusó de amenazas y de estar detrás de las protestas como parte de un plan para derrocarlo.
El gobernante denunció en cadena obligatoria de radio y televisión que Estados Unidos le había hecho "exigencias inaceptables" en el marco de las manifestaciones que se han realizado en los últimos días en el país y anunció la expulsión de tres funcionarios estadounidenses.
Las protestas contra el Gobierno se han sucedido en el país desde el miércoles cuando una marcha convocada por estudiantes y opositores terminó violencia, lo que Maduro ha atribuido a un plan de la oposición para sacarlo del poder, financiado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en coordinación con Estados Unidos.
El gobernante reclamó el domingo que Estados Unidos le hizo exigencias "inaceptables" para que dialogue con la oposición, libere detenidos y detenga las medidas judiciales contra el opositor Leopoldo López que tiene una orden de captura por supuestamente haber organizado las protestas violentas.
El presidente comentó que el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, recibió un mensaje del subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Edward Alex Lee.
En él, narró Maduro, exigía al Gobierno de Venezuela que se siente a dialogar con la oposición y que dejen en libertad a los detenidos por los disturbios recientes.
"Y en tercer lugar (…) dijo exactamente las palabras que voy a leer: ‘el arresto del señor Leopoldo López podría causar muchas consecuencias negativas con sus ramificaciones internacionales’ y solicitó que se detuvieran las medidas judiciales'", dijo el presidente.
Informó que hoy llamará al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez, y a presidentes de América Latina para "denunciar las amenazas del gobierno de Estados Unidos" que financian un plan que está en marcha "para creer una crisis política, justificar un golpe de Estado" y derrocarlo.
En este escenario de ideas, Maduro también anunció de la expulsión de tres funcionarios consulares de Estados Unidos, que, según dijo, tenían actividades en las universidades privadas.
"Yo le he dado orden al canciller de la República (…) de proceder a declarar persona no grata y expulsar del país a estos tres funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que se vayan a conspirar a Washington", indicó.
Indicó que "venía evaluando" la situación de un grupo de funcionarios, que no identificó, y que, según dijo, llevaban vigilando desde hace dos meses en universidades privadas "haciendo reuniones".
Apuntó que "el cuento" o la versión que dan los estadounidenses para justificar esas reuniones era "ofrecer visas".
Señaló que está "decidido" a que se entienda que el país debe respetarse porque Venezuela "no se mete en los asuntos internos de nadie, menos en los asuntos de Estados Unidos".
El incidente se produce después de que el pasado miércoles una manifestación de estudiantes en Caracas degenerara en enfrentamientos en los que se produjeron tres muertos y decenas de heridos.
Desde entonces han continuado las marchas durante todos los días en demanda de la libertad de los detenidos, más de cien según las autoridades, y justicia para los jóvenes que murieron.
La decisión de Maduro supone un nuevo paso atrás en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que se encuentran en uno de sus puntos más bajos desde que en 2010 ambos países se quedaron sin representación a nivel de embajadores.
La expulsión anunciada el domingo, que según dijo el presidente explicará el canciller, Elías Jaua, se suma a otras medidas de este tipo.
A finales de septiembre, Maduro expulsó de Kelly Keiderling, encargada de negocios y diplomática de mayor rango de la embajada estadounidense en Caracas, y de dos funcionarios más acusándoles de alentar planes de sabotaje al sistema eléctrico y la economía del país junto a la "extrema derecha". EFE