Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), adjudicó la responsabilidad de las desapariciones forzadas en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de los Morros, Guárico, al Estado, debido a su obligación constitucional de mantener con vida a los reos.
"Todos los cuerpos deben ser identificados (las 14 osamentas encontradas dentro de las instalaciones, según el Ministerio Público) para que sus familias puedan darle cristiana sepultura y buscar a los actores de las muertes. Sin embargo, el Gobierno sigue como culpable debido a su deber constitucional", enfatizó Prado.
Explicó que la medida de buscar irregularidades en las cárceles debe ser tomada en todas las penitenciarías de la nación. Hizo un llamado a las familias con privados desaparecidos a que vayan al Ministerio Público a denunciar.
Desaparecido
Francisco Guerrero Lares es víctima de una desaparición forzada en el recinto PGV desde el 7 de septiembre de 2009. Él pagaba su condena por haber robado un teléfono celular.
Según Prado, por versiones señaladas por la familia, la noche de su desaparición al joven le exigían la vacuna del lugar, al no pagarla fueron a buscarlo para su celda. Desde ese día no se conoce su paradero.
El caso fue denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual exigió al Estado a investigar desde 2013 la desaparición del privado de libertad, pero aún no hay respuesta.
2017-03-13