2001.com.ve | Katherine Abreu | [email protected]
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, denunció ayer que las personas que resultaron víctimas de la masacre en el centro de detención del estado Amazonas en agosto, fueron ajusticiadas por las fuerzas policiales después de rendirse.
El 15 de agosto de este año se conoció de la intervención de cuerpos de seguridad del Estado en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado de Amazonas (Cedja). El procedimiento policial dejó un saldo de 39 presos fallecidos y 14 funcionarios heridos pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Prado señaló que las ejecuciones ocurrieron entre las seis y las 10 de la mañana del martes 15 de agosto, luego de que los privados de libertad se habían rendido y depuesto las armas tras un tiroteo.
Fuerza excesiva. La ONG cuestionó que la intervención por parte de los cuerpo del Estado se realizó con uso excesivo de la fuerza, actuación con alevosía y premeditación, omitiendo el respeto a los derechos humanos y sin el cumplimiento de los estándares internacionales.
El representante de la OVP señaló que los funcionarios policiales usaron armas largas de distintos calibres, granadas y bombas contras las personas que se encontraban detenidas en el recinto.
Aseguró que al momento de la operación, en el lugar se encontraban 10 mujeres que eran parte de las visitas del día anterior y tres niños menores de cinco años. El Observatorio sostuvo que ninguna autoridad policial hizo el esfuerzo de garantizar la salida de las mujeres y los infantes.
Detalló que mientras ocurrían los hechos se impidió la actuación de la Defensoría del Pueblo y de otros funcionarios que exigieron en su momento la mediación con los privados de libertad.
Familiares. La organización no gubernamental informó que elevarán la denuncia de los familiares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), debido a la actuación de los funcionarios del Estado el día de los hechos y los días posteriores.
Anunció que a mediados del mes de noviembre se publicará un informe, que ilustrará en detalle la investigación sobre el caso.
Prado denunció además que tanto él como los familiares de las víctimas han recibido amenazas que generan el temor de los ciudadanos implicados para que no expongan la verdad de lo ocurrido.
Exhortó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a que se respeten las normas de Mandela para el trato de los reclusos. Además solicitó al Gobierno nacional que las personas privadas de libertad, que casi en su totalidad son de bajos recursos económicos, sean trasladadas a otros centros penitenciarios de la zona, porque en su mayoría son indígenas del estado Amazonas.
Prado expresó su apoyo y solidaridad a todas las familias que fueron víctimas del lamentable suceso ocurrido en el mes de agosto y ratificó su disposición de acompañarlas para que sean sancionados los responsables.
2017-10-13