Readacción 2001.com.ve / LEHR
Para Provea los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), constituyen un llamado a la violación de los Derechos Humanos, superpuestos en un plan de seguridad nacional que suponen la militarización de las calles, indicando que históricamente ha quedado demostrado que con la aplicación de planes, como los que ejecuta el Gobierno actualmente, se han logrado incrementar los índices de violencia, los enfrentamientos y el temor colectivo.
De acuerdo con el balance hecho por los especialistas de la referida institución solo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles”, por lo que “90,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos”,
Tales señalamientos echan por tierra los balances ofrecidos por el Ministro de Interior y Justicia, Guatavo González López, quien precisó en su reporte que todos los casos de detenciones y arrestos respondían a sujetos con antecedentes criminales y ajustados al respeto de los derechos ciudadanos, tipificados en la Constitución y las leyes.
En su informe, González López reveló que tras 31 días de operaciones, se lograron desmantelar a 27 organizaciones criminales en el Venezuela y arrestado a 931 personas involucradas en diferentes delitos, de las cuales 113 son de nacionalidades extranjeras.
Sin embargo la Organización No Gubernamental (ONG), renovó su llamado al Ejecutivo y a las instituciones del Estado para que “detengan el proceso de regresividad y amenaza para los derechos humanos que supone la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de operativos como OLP”, reseñaron diferentes diariuos de circulación nacional.
Cita el texto enviado por Provea que “a lo largo de nuestra historia ha quedado demostrado que las políticas de ‘mano dura’ generan más problemas que soluciones”, contextualizaron.
Indican que con estos planes de Gobierno se crea un escenario donde “se criminaliza la pobreza, se cometen arbitrariedades y no se avanza en la solución del terrible fenómeno de la violencia y la criminalidad”.
“En nuestra opinión el OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”.
A criterio de Provea, “a un mes del OLP afirmamos que el Ejecutivo está echando por tierra todos los esfuerzos y avances surgidos durante el proceso de reforma policial del año 2006 y que fueron materializados a través de la Misión a Toda Vida Venezuela”.
Sostienen que “la información que suministra el Ministerio de Interior y Justicia no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos OLP. No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos en OLP sobre presuntas ejecuciones policiales”, criticaron.
2015-08-14