La Junta Estatal de Educación de Florida ha dado luz verde a una normativa bastante estricta que prohíbe a los inmigrantes indocumentados inscribirse en cualquiera de las 28 instituciones que forman parte del Sistema de Colleges de Florida (FCS).
Esta decisión pone fin a la política de "puertas abiertas" que, durante décadas, permitió que miles de jóvenes sin estatus legal accedieran a la educación superior en el estado.
Un filtro migratorio obligatorio en la educación superior de Florida
Según la resolución que se aprobó en una reunión telefónica del panel educativo, las autoridades ahora exigirán a los solicitantes que demuestren su ciudadanía estadounidense o su estatus legal en el país antes de poder completar el proceso de matrícula.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta nueva medida impactará directamente a alrededor de 8.000 estudiantes indocumentados que se gradúan cada año de las escuelas secundarias en Florida, quienes solían ver en los colegios comunitarios una opción accesible para seguir con su formación profesional.
Este veto no solo restringe el acceso a carreras técnicas o programas de dos años, sino que también impide la inscripción en programas públicos de educación general para adultos.
Esto significa que los inmigrantes indocumentados no podrán registrarse en clases de inglés como segundo idioma (ESOL) ni participar en los cursos de preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED).
Las universidades públicas de Florida bajo el foco de una nueva restricción
La nueva restricción promete extenderse aún más en el ámbito educativo. Según un informe de Univision, la Junta de Gobernadores de Florida —el organismo encargado de supervisar las 12 universidades públicas del estado— está considerando una propuesta que ampliaría la verificación obligatoria del estatus migratorio a instituciones competitivas como la Universidad de Florida (UF) y la Universidad de Florida Central (UCF).
Si se lleva a cabo, esta medida cerraría las puertas de la educación superior pública a los estudiantes sin autorización legal a partir del año académico 2027-2028.
Ante las críticas de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, las autoridades defienden la legalidad de esta decisión.
Kathy Hebda, la canciller de la División de Colleges de Florida, argumentó en una sesión que la ley estatal le otorga a la Junta de Educación la autoridad para establecer estándares mínimos y directrices estrictas en los procesos de admisión de las instituciones de educación superior.
Rechazo político y dudas sobre la constitucionalidad de esta medida en Florida
Por otro lado, organizaciones civiles y líderes de la oposición han expresado un fuerte rechazo a esta normativa.
Como reportó CBS News, la representante estatal demócrata Anna Eskamani criticó la medida durante el periodo de comentarios públicos, señalando que la Legislatura de Florida no aprobó ninguna ley específica en la última sesión para respaldar este cambio, lo que sugiere que la junta podría estar excediendo sus funciones.
Además, el Comité de Procedimientos Administrativos Conjuntos (JAPC), un organismo legislativo bipartidista, envió una carta formal cuestionando la autoridad de la Junta de Educación para implementar esta prohibición.
Esta reforma educativa profundiza las políticas migratorias que se han estado impulsando en el estado, las cuales ya habían eliminado anteriormente los beneficios de matrícula estatal para los estudiantes indocumentados.
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