El panorama de la detención migratoria en Estados Unidos suma un nuevo capítulo de alta tensión.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso en marcha la habilitación de un centro de 528 plazas destinado a albergar familias con niños, menores no acompañados y mujeres adultas en espera de procesos de deportación.
La instalación, sin embargo, nació en medio de un fuerte rechazo comunitario debido a su ubicación en un terreno señalado por altos niveles de contaminación química.
Ubicado en el England Airpark -antigua base de la Fuerza Aérea y actual sede del Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana-, el proyecto reutiliza antiguos barracones militares.
La apertura se diseñó para operar bajo la administración de la Fundación Familiar LaSalle (brazo sin fines de lucro de la empresa penitenciaria privada LaSalle Corrections) y la supervisión operativa de la firma Anovaeon, catalogada por sus gestores como un centro de respuesta humanitaria y acogida temporal.
Entre el concepto de "acogida" y la realidad de la detención
Aunque los directivos del proyecto han evitado calificar el espacio como una cárcel, insistiendo en que funcionará como una parada temporal de estancias menores a 48 horas para quienes opten por la salida o deportación voluntaria, las organizaciones de derechos civiles y defensores legales rechazan tajantemente esta narrativa.
Stephanie Álvarez Jones, abogada regional del Proyecto Nacional de Inmigración, sentenció que la naturaleza del lugar es innegable: "No se puede ocultar lo que esto es; es un centro de detención. La gente no es libre de irse".
Por su parte, directivos de Anovaeon reconocieron ante la junta directiva que, aunque se ofrecerán comodidades como llamadas internacionales gratuitas, áreas recreativas y atención médica, cualquier intento de un migrante por abandonar el perímetro requerirá una notificación inmediata a los oficiales de ICE.
La sombra de las "sustancias químicas eternas"
El aspecto más alarmante del recinto gira en torno a su seguridad medioambiental.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y agencias internacionales han advertido que el complejo se sitúa en una de las zonas con mayores índices de contaminación por PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), conocidos popularmente como químicos eternos debido a su extrema resistencia a desintegrarse en el medio ambiente y en el organismo humano.
Informes de organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que la concentración de estos compuestos en los mantos freáticos de la zona supera exponencialmente los límites recomendados, lo que expone de forma directa a riesgos de salud a una población vulnerable compuesta mayoritariamente por menores de edad.
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