En Texas, Estados Unidos (EEUU), están a punto de implementar una ley que prohibirá el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas de nivel K-12 (desde preescolar hasta preparatoria).
Estamos hablando del proyecto de ley HB 1481, el cual planea restringir el uso de “dispositivos de comunicación inalámbrica personal”, lo que incluye teléfonos móviles y otros aparatos similares, durante la jornada escolar en todos los niveles de educación básica.
Sus defensores argumentan que los celulares distraen a los estudiantes, afectan su salud mental y facilitan el ciberacoso, como lo reseña el portal de EV Houston.
Por otra parte, una encuesta de Pew Research, el 44% de los padres que apoyan la prohibición lo hacen porque creen que reducirá el bullying digital.
Medios locales aseguran que este proyecto, presentado por la representante Caroline Fairly, ha pasado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado del estado.
Ahora está en manos del gobernador Greg Abbott para decidir su aprobación. De firmarse, podría entrar en vigor el 1 de septiembre.
De ser firmada por el gobernador, Texas se unirá a otros estados que ya tienen políticas similares, como California, Florida, Indiana y Virginia, mientras que otros 26 estados han planteado propuestas similares.
Como el caso de Nevada.
Detalles sobre la House Bill 1481
Más específicamente, la ley establece que:
- Los estudiantes no podrán usar sus celulares durante el horario escolar.
- Cada distrito escolar decidirá cómo almacenarlos: en mochilas, casilleros, fundas especiales o estaciones de carga.
- Habrá sanciones para quienes incumplan, incluyendo la posibilidad de que les confisquen el dispositivo.
- Se permitirán excepciones por razones médicas o de seguridad.
Cada distrito escolar tendría la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para almacenar los dispositivos, ya sea en bolsas selladas, casilleros, estaciones de carga o mochilas.
Además, también estarían facultados para definir sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, que podrían incluir la confiscación de los teléfonos.
Se ha indicado que también se deben contemplar excepciones para aquellos estudiantes que necesiten utilizar sus dispositivos por razones médicas o de seguridad.
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