El plan "Tucson 5" abarca la construcción de 100 kilómetros (62 millas) continuas de vallas de acero de hasta 9 metros de altura. La iniciativa comprende inversiones millonarias adjudicadas a empresas contratistas de infraestructura, en una de las áreas de mayor complejidad geográfica del desierto fronterizo.
El despliegue de maquinaria pesada y la presencia de agentes armados federales en la franja fronteriza entre Arizona y México se concretaron el miércoles 26 de agosto de 2026. Las cuadrillas de contratistas iniciaron perforaciones y muestreos de suelo en tres puntos de la zona limítrofe dentro de la Reserva Roosevelt, tras el fallo judicial que desestimó la solicitud de paralización de las obras.
En un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del 20 de agosto de 2026, se leen los argumentos de la re activación
«El proyecto 'Tucson 5' es una prioridad operativa esencial para cerrar brechas críticas en la frontera sur que son explotadas diariamente por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico de drogas y personas. Todas las actividades de construcción se llevan a cabo estrictamente dentro de la Reserva Roosevelt, una franja de dominio público federal, cumpliendo con los mandatos de seguridad nacional establecidos por el Congreso.»
Por su parte Verlon Jose, presidente de la Nación Tohono O'odham mantiene la oposición de dicha obra:
«La decisión del tribunal es un golpe directo a nuestra soberanía y a la memoria de nuestros antepasados. El gobierno federal continúa utilizando leyes de exención para pisotear sitios sagrados y cementerios ancestrales en nombre de una seguridad que ignora la dignidad de los pueblos originarios. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las excavadoras destruyen lo que hemos protegido por generaciones.»
Despliegue operativo y custodia armada en terreno
El ingreso de los equipos de construcción se realizó bajo la custodia de efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), dotados con equipamiento táctico. Las autoridades federales argumentaron que el despliegue de protección permanente busca evitar interrupciones por parte de la policía tribal y garantizar la continuidad de los trabajos de muestreo de terreno cada cuarto de milla.
Desde el gobierno federal se precisó que las labores se ejecutan estrictamente dentro del corredor de 60 pies de ancho de la "Reserva Roosevelt", franja que permanece bajo control y jurisdicción de las instituciones federales.
Fundamentos del fallo judicial a favor del proyecto
El dictamen emitido por el juez federal de distrito Richard Leon el 14 de agosto de 2026 desestimó la orden de restricción temporal solicitada por la comunidad indígena. La resolución se basó en cuatro pilares jurídicos principales:
- Jurisdicción de la Reserva Roosevelt: Declaración de que la franja de 60 pies a lo largo de la frontera constituye un derecho de paso federal establecido en 1907 por el presidente Theodore Roosevelt, situándose fuera de la soberanía tribal.
- Prevalencia de la seguridad nacional: Determinación de que la contención del tráfico ilícito e inmigración irregular representa un interés prioritario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los reclamos presentados por la tribu.
- Aplicación de exenciones bajo la IIRIRA: Respaldo a la Sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, la cual faculta al DHS a omitir regulaciones ambientales y de patrimonio cultural para agilizar la infraestructura fronteriza.
- Evaluación del daño inminente: Conclusión de que no se presentaron evidencias suficientes que demostraran un perjuicio irreparable e inmediato sobre sitios arqueológicos específicos dentro del perímetro federal.
Acciones legales y respuesta de la comunidad Tohono O'odham
Tras la sentencia, la representación de la nación Tohono O'odham presentó un recurso de apelación urgente ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia con el objetivo de obtener una medida cautelar de emergencia. Paralelamente, la tribu desplegó equipos de observadores culturales para registrar y documentar los movimientos de la maquinaria cerca de áreas sagradas.
El presidente de la tribu, Verlon Jose, afirmó que las obras afectan tierras ancestrales y denunció la falta de procesos de consulta transparente sobre el impacto cultural e hidrológico de los trabajos preparatorios.
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