Bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, la estrategia de control migratorio en Estados Unidos ha tomado un rumbo radicalmente opuesto según la geografía política.
Mientras las llamadas "ciudades santuario" —de liderazgo demócrata— ejercen una feroz resistencia prohibiendo a sus policías locales colaborar con el gobierno federal, en los estados de liderazgo republicano la historia es otra.
El caso más paradigmático es Florida. Bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, el estado de la península se ha colocado a la vanguardia de la fiscalización migratoria a nivel nacional, transformando por completo la rutina de miles de familias de inmigrantes.
Un análisis de la agencia The Associated Press (AP) sobre los registros del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, revela una aceleración sin precedentes en las detenciones dentro del estado:
El salto estadístico: las detenciones se triplicaron
La magnitud de la actual campaña de deportaciones queda en evidencia al contrastar la actividad fiscalizadora de los últimos dos periodos presidenciales en Florida durante un bloque de tiempo equivalente:
Arrestos migratorios en Florida (periodos de 416 días)
Administración Biden:11,088 arrestos
Administración Trump (Desde el 20 de enero de 2025 al 11 de marzo de 2026): 39.000 arrestos
Este incremento representa un promedio de 93 arrestos migratorios diarios en territorio floridano. Con estas cifras, Florida se ubica como el segundo estado con mayor volumen de detenciones en todo el país, superado únicamente por Texas, entidad que comparte la frontera terrestre más extensa con México.
El entramado de los acuerdos 287(g) y el rol de las agencias locales
La clave detrás del masivo volumen de capturas radica en la proliferación de los llamados acuerdos 287(g). Este mecanismo legal de orden federal otorga facultades de control migratorio a los cuerpos policiales estatales y locales, habilitando a oficiales comunes para interrogar a personas bajo su custodia, verificar bases de datos y retenerlas con fines de deportación.
En Florida, un total de 347 agencias públicas se han sumado formalmente a esta iniciativa. El despliegue no solo abarca a los departamentos de policía locales y a las oficinas del sheriff, sino también a divisiones de la Guardia Nacional de Florida, la Patrulla de Carreteras e incluso a dependencias con competencias totalmente ajenas al ámbito migratorio, tales como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del Estado y la Lotería de Florida.
Abogados de inmigración del área de Jacksonville señalan que los agentes locales operan bajo una fuerte presión institucional para justificar los convenios firmados con el gobierno federal y la gubernatura de Tallahassee.
"Hay muchos oficiales que han sido nombrados agentes especiales, que tienen autoridad en materia de inmigración, y que simplemente están buscando gente", explicó la abogada Vilerka Bilbao. De acuerdo con la especialista, es común el uso de "pretextos" de tránsito —como una luz trasera rota o vidrios con polarizado excesivo— para detener vehículos, iniciar el escrutinio y transferir de inmediato la custodia de los ocupantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Detenciones bajo la lupa: los testimonios de los afectados
Gran parte de esta ofensiva ha pasado desapercibida para la opinión pública general debido a que los arrestos inician como procedimientos administrativos de rutina, aunque las consecuencias para los núcleos familiares son definitivas.
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El caso de Bonita Springs: Una tarde de finales de marzo, un agente de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre abordó desde su patrulla a una pareja de solicitantes de asilo de origen guatemalteco que paseaba a su mascota en un parque residencial. Tras exigir identificaciones y conducirlos al estacionamiento, el oficial arrestó al esposo bajo el argumento de que el perro lo había mordido; un cargo que la esposa califica de falso debido a que el uniformado jamás descendió del vehículo. El agente retuvo al hombre en el sitio durante 40 minutos hasta que personal de ICE se lo llevó bajo custodia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la acción alegando que el detenido contaba con dos órdenes previas de deportación.
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Separación familiar en Fort Myers: El 15 de febrero, oficiales del sheriff del condado de Lee abordaron a un hombre guatemalteco de 44 años y a su hijo de 21 en el estacionamiento de una tienda. Los agentes argumentaron que la matrícula del automóvil estaba vencida —pese a que los registros impresos mostraban vigencia hasta el 25 de marzo— y procedieron a detenerlos. Una semana después, ambos fueron deportados a Guatemala, separándolos de la madre, dos hijos menores y una hija con ciudadanía estadounidense. El joven deportado poseía permiso de trabajo, licencia de conducir y un caso de asilo activo, aunque el DHS argumentó posteriormente que ambos arrastraban una orden de expulsión definitiva dictada en el año 2019.
Blindaje informativo y la Ley de Transparencia del estado
La cobertura de estos operativos ha chocado con un estricto muro de reserva documental. En los casos citados, tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Lee como la Comisión de Pesca se negaron a liberar los reportes de arresto y las grabaciones de las cámaras corporales (bodycams) solicitadas por los medios de comunicación.
Las agencias estatales argumentaron que una directiva de ICE les prohíbe divulgar de forma autónoma cualquier información desarrollada bajo el programa 287(g), delegando la vocería en el gobierno federal.
El DHS respaldó este hermetismo señalando en un comunicado: "No vamos a revelar información confidencial de las fuerzas del orden".
Esta política de reserva ha generado debate jurídico, toda vez que parece contravenir los principios de la Ley de Transparencia de Florida —vigente desde 1967—, la cual establece la presunción de que los registros públicos son de libre acceso general a menos que gocen de una exención legislativa específica.
Incentivos federales: una estrategia de alcance nacional
El modelo de colaboración implementado con éxito en Florida se está expandiendo de manera acelerada por el resto del país. El total de acuerdos 287(g) vigentes a nivel nacional se disparó de 135 convenios en 20 estados al inicio del periodo presidencial actual, a más de 1,700 acuerdos distribuidos en 41 estados y territorios.
Para sostener este crecimiento y motivar la participación de más municipios, el Departamento de Seguridad Nacional ha diseñado una serie de incentivos financieros para los presupuestos locales:
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Reembolso salarial: financiamiento directo para cubrir las horas laborales de los agentes locales asignados a tareas federales.
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Equipamiento táctico: asignación de hasta 7,500 dólares en equipo por cada oficial adscrito al programa.
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Parque vehicular: Fondos de hasta 100,000 dólares por agencia para la adquisición de patrullas y vehículos operativos nuevos.
Con la reciente apertura en Florida de centros de detención especializados como "Alligator Alcatraz" y "Deportation Depot", las autoridades locales reafirman su postura de alineación con la estrategia de Washington, consolidando un ecosistema de fiscalización migratoria sin precedentes en la historia reciente de la región.
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