Una llamada después de las nueve de la noche puede cambiar el rumbo de una trabajadora doméstica en Miami. Eso ocurrió con Rosa, quien llamó a Karla De Anda desde el aeropuerto después de que la familia para la que trabajaba comprara un boleto de ida a su país tras conocer que reclamaba salarios pendientes. Karla solo le preguntó si quería quedarse. La respuesta fue sí. Una hora después, la esperaba en la terminal.
Casos como este explican por qué algunas mujeres la llaman “el hada madrina”. De Anda, mexicana y exempleada doméstica, creó hace dos años The Right to Freedom Network, una organización integrada en buena parte por sobrevivientes de tráfico laboral y trabajadoras domésticas. Su misión incluye educación, acompañamiento y apoyo para recuperar salarios.
De niñera a defensora de trabajadoras
De Anda llegó a Estados Unidos hace 25 años sin dominar el inglés y trabajó durante 15 años como niñera para una misma familia. Según contó a EL PAÍS, cobraba cinco dólares por hora.
Su experiencia terminó convirtiéndose en activismo. Ahora organiza talleres sobre acoso sexual, discriminación y derechos laborales, además de acompañar a mujeres que quieren presentar reclamos, buscar asistencia legal o denunciar situaciones de explotación. La organización también desarrolla programas de formación para trabajadoras domésticas.
Entre los testimonios recogidos aparecen mujeres que aseguran haber trabajado jornadas extensas, recibido pagos inferiores a lo acordado o sufrido amenazas relacionadas con su situación migratoria. Esos relatos corresponden a las trabajadoras y forman parte de casos que, según el reportaje, reciben acompañamiento legal.
El miedo a denunciar también pesa
El temor a acudir a la policía constituye uno de los principales obstáculos que De Anda identifica entre las trabajadoras indocumentadas.
En Florida, la expansión de los acuerdos 287(g) ha aumentado la participación de agencias policiales locales en funciones de aplicación de las leyes migratorias.
Datos publicados en 2026 muestran una expansión considerable del programa a nivel nacional. En Florida, el Departamento de Aplicación de la Ley reportó en julio que 272 de 394 agencias tenían acuerdos activos bajo el modelo Task Force.
La ACLU también ha documentado el crecimiento nacional de estos convenios y advierte sobre el efecto que pueden tener en la confianza de las comunidades inmigrantes hacia las autoridades.
Mientras tanto, Miami-Dade mantiene un mecanismo específico para reclamar salarios impagos. El programa de robo de salarios permite presentar una denuncia cuando el trabajador cumple determinados requisitos, incluidos límites sobre el monto reclamado y el periodo transcurrido desde el trabajo realizado.
Para De Anda, sin embargo, recuperar un salario es solo una parte del problema. Su red también atiende a mujeres que necesitan reconocer que determinadas condiciones laborales, amenazas o formas de control pueden constituir abuso o explotación.
La organización mantiene su trabajo desde Miami-Dade con una estructura encabezada por trabajadoras domésticas y sobrevivientes.
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