La incertidumbre se apodera de las comunidades extranjeras en territorio estadounidense ante el uso de mociones legales para finalizar solicitudes de protección. Activistas denuncian que estas medidas buscan infundir miedo para que los afectados abandonen sus casos y regresen a sus naciones de origen de forma voluntaria.
Diversos testimonios revelan situaciones extremas, como el de una madre guatemalteca sobreviviente de violencia a quien las autoridades pretenden enviar a África. Estas acciones interrumpen vidas ya establecidas en estados como Texas, Michigan y Ohio, donde los inmigrantes operaban con permisos legales vigentes.
La organización Mobile Pathways confirma que se encuentran en el limbo y los envían a países desconocidos a los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos (EEUU). Además, la mayoría de estas órdenes de expulsión tienen como destino Honduras, Ecuador o Uganda, lugares con los que los afectados no poseen vínculos.
¿Qué impacto legal tiene que el país estos traslados de inmigrantes?
Los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizan recursos conocidos como "pretermissions" para desestimar expedientes sin evaluar el fondo de las solicitudes. Esta práctica se aceleró tras un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración que avaló las deportaciones a cualquier nación considerada segura por el Departamento de Estado.
Sarah Mehta, especialista de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), explica que el Gobierno no niega la validez de los casos de asilo. Simplemente, el sistema migratorio opta por cerrar el proceso doméstico y trasladar la responsabilidad de protección a países socios con sistemas de asilo a veces inoperantes.
A pesar de la presión de la Casa Blanca, la logística para ejecutar estos vuelos resulta sumamente complicada debido a limitaciones en la flota aérea y acuerdos diplomáticos restrictivos. Por ejemplo, el pacto con Honduras solo permite la recepción de 10 deportados de este tipo por mes durante un periodo de dos años.
¿Cómo reaccionan los afectados de estos traslados migratorios?
El pánico se extiende entre los solicitantes, como el hombre afgano que huyó del Talibán y ahora enfrenta un posible traslado forzoso hacia Uganda. La pérdida del derecho a trabajar legalmente agrava la situación económica de las familias, quienes quedan desprotegidas mientras esperan una resolución definitiva de su estatus.
Casandra Charles, abogada del National Immigration Law Center, afirma que el objetivo principal de la administración actual consiste en generar un ambiente de terror constante. Esta estrategia de presión busca reducir el retraso de dos millones de casos pendientes mediante el abandono de los expedientes por parte de los propios migrantes.
Muchos de los designados para ir a Honduras ni siquiera hablan español, pues sus lenguas nativas son el uzbeko, el inglés o el francés, según datos de observatorios independientes. Esta desconexión cultural y lingüística aumenta el riesgo de vulnerabilidad extrema para quienes finalmente abordan los aviones de deportación.
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