Un dictamen judicial sin precedentes ha sacado a la luz serias irregularidades en los operativos de inmigración en Nueva York.
Según lo informado por The New York Times y las decisiones del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el juez federal Gary R. Brown determinó que los agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) llevaron a cabo arrestos sin justificación legal y falsificaron documentos oficiales para encubrir sus acciones.
Arrestos arbitrarios y un ciudadano estadounidense herido
Este fallo judicial surge a raíz de una demanda de habeas corpus presentada tras una violenta redada en el vecindario de Norwood, en el Bronx.
Según los documentos judiciales mencionados en las investigaciones del tribunal, la operación resultó en la detención errónea de Angel Jesús Almonte, de 26 años, y de Jeury Concepción, un joven estadounidense de 19 años.
Durante el procedimiento, que el magistrado calificó de "extremadamente violento", los agentes desenfundaron sus armas e interceptaron a Concepción mientras se dirigía a cortarse el cabello.
El joven sufrió un fuerte traumatismo craneal que requirió puntos de sutura después de ser arrojado violentamente al suelo por varios oficiales enmascarados, y luego fue liberado en un lugar distante sin recibir atención inmediata.
Acusa al ICE de documentos falsificados y "fabricación coordinada"
El juez Gary R. Brown, quien fue nombrado durante la administración de Donald Trump, criticó duramente los testimonios de los oficiales, señalando que mostraban "todas las marcas de una fabricación coordinada".
Las investigaciones del tribunal revelaron que las búsquedas iniciales en las bases de datos no arrojaron resultados positivos.
Sin embargo, los agentes arrestaron a los individuos primero y luego redactaron una orden administrativa falsa para tratar de justificar sus acciones, afirmando erróneamente que la identidad del sospechoso había sido verificada mediante datos biométricos.
Ultimátum al Gobierno federal ante acciones del ICE
Ante la gravedad del patrón de conducta, el juez Brown concedió de forma provisional la petición de la defensa y otorgó un plazo de 21 días al Gobierno federal para que explique qué medidas disciplinarias y correctivas adoptará frente a los agentes involucrados.
El tribunal advirtió que la respuesta gubernamental determinará si se imponen sanciones por desacato o si el caso se remite a instancias penales.
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