El presidente Donald Trump estaría a punto de firmar una directiva que obligará a las universidades a proporcionar datos de admisión para demostrar que no aplican políticas de acción afirmativa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció esta medida a través de su cuenta de X.
Según NBC News, no se especifican los criterios que utilizará la administración para evaluar las prácticas de admisión de las instituciones.
Sin embargo, la directiva surge tras acuerdos alcanzados por universidades de la Ivy League, como Columbia y Brown, que se comprometieron a divulgar información sobre la raza de los solicitantes, además de sus calificaciones y rendimiento académico.
Antecedentes
Esta iniciativa se produce más de dos años después de que la Corte Suprema decidiera en contra de los programas de acción afirmativa en la Universidad de Carolina del Norte (UNC) y Harvard.
La Corte argumentó que la consideración de la raza en el proceso de admisión violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
Los fallos fueron celebrados por activistas conservadores, quienes sostuvieron que estas políticas discriminaban a estudiantes blancos y asiáticos.
Sin embargo, también generaron críticas de quienes defienden que las admisiones con enfoque racial son necesarias para ofrecer oportunidades a estudiantes de comunidades marginadas y combatir la discriminación histórica en el sistema educativo.
¿Qué es la Acción Afirmativa?
La acción afirmativa por raza en Estados Unidos se refiere a políticas y prácticas diseñadas para aumentar la representación de grupos raciales y étnicos que históricamente fueron discriminados en áreas como la educación y el empleo.
Estas medidas buscan remediar los efectos de la discriminación pasada y presente, promoviendo la diversidad y la igualdad de oportunidades
El gobierno de Trump intensifica su oposición a los programas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades.
Desde sus primeros días en el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruye a todos los departamentos y agencias a eliminar "preferencias, mandatos, políticas y programas discriminatorios e ilegales".
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