Un funcionario de Colorado presentó una demanda contra el gobernador Jared Polis, alegando que este le ordenó a él y a otros empleados estatales cumplir con una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que la ley estatal lo prohíbe.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Denver, sostiene que Polis contradice sus propias declaraciones públicas en contra de la cooperación con las autoridades de inmigración, reseña FOX 31.
Según el documento, el gobernador ordenó a Scott Moss, director de la División de Normas y Estadísticas Laborales, y a otros que entregaran información personal de numerosas personas en respuesta a una citación administrativa de ICE.
Esta citación, que no fue emitida por un tribunal, busca información para investigaciones civiles relacionadas con la localización de niños extranjeros no acompañados.
La demanda destaca que la citación no cumple con los requisitos legales establecidos por la reciente ley firmada por Polis, que restringe la divulgación de información personal a las autoridades migratorias.
Trabajadores estatales perjudicados
La queja también menciona que la directiva de Polis podría perjudicar a muchos empleados estatales, exponiéndolos a sanciones financieras y profesionales.
A pesar de que inicialmente se decidió no proporcionar la información solicitada, la administración de Polis cambió de rumbo y ordenó que se entregara antes de la fecha límite impuesta por ICE.
Moss advirtió que cumplir con esta orden sería ilegal, pero recibió instrucciones definitivas para proceder.
La demanda busca una orden de restricción temporal y otras medidas judiciales que impidan al gobernador obligar a los empleados a cumplir con la citación de ICE.
Además, solicita una declaración que confirme que la ley de Colorado prohíbe la divulgación de información personal en respuesta a dicha citación.
En respuesta, un portavoz de la oficina del gobernador afirmó que la administración está comprometida a colaborar en investigaciones criminales, especialmente en casos de explotación infantil, y que la divulgación de información se realizaría solo bajo circunstancias legales apropiadas.
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