El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió con la expulsión formal hacia México de la ciudadana Jessica Treviño, amparada bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una medida que se enmarca en la actual crisis migratoria y las nuevas directrices de la administración federal. De acuerdo con los registros consignados por las agrupaciones Fwd.us y la Unión del Pueblo Entero (LUPE), la afectada, mantenía sus permisos de estancia legal activos, con fecha de vencimiento proyectada para abril de 2027.
Detalles del arresto y separación familiar
El expediente del caso indica que la detención inicial de Treviño se ejecutó el 28 de diciembre de 2025 en la localidad de Alamo, Texas. Tras un período de internamiento en un centro de detención migratoria que se extendió por casi cuatro meses, las autoridades federales concretaron su repatriación el 25 de marzo de 2026, lo que generó la separación de sus tres hijos de 16, 14 y 13 años, quienes poseen la ciudadanía estadounidense y quedaron bajo la tutela de un familiar directo.
Aunque un tribunal de inmigración había emitido previamente una orden de salida voluntaria, los representantes legales señalan que la ejecución de dicha medida no correspondía por ley debido a la vigencia del estatus DACA. La defensa técnica argumentó que el personal de supervisión fronteriza incurrió en una irregularidad procedimental al notificar erróneamente a la ciudadana que sus protecciones federales habían caducado para facilitar el proceso de remoción.
Nuevas directrices de la Junta de Apelaciones de Inmigración
El procedimiento aplicado responde a un cambio en los criterios operativos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Bajo las nuevas interpretaciones jurídicas de este organismo, el estatus de protección temporal otorgado por el programa DACA ya no es tipificado como una causal suficiente para bloquear las órdenes de arresto o frenar el inicio de juicios de deportación en contra de ciudadanos extranjeros.
Los datos estadísticos recopilados por las organizaciones de apoyo al migrante estiman que entre 260 y 300 beneficiarios de DACA se encuentran actualmente recluidos en instalaciones federales bajo este nuevo marco legal. Hasta la fecha de emisión de este reporte, al menos 90 personas integradas a este programa de protección han sido expulsadas del territorio estadounidense.
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