Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno del entonces presidente Donald Trump anunció el lunes el inicio de una pesquisa sobre el programa de Asistencia Económica para Inmigrantes de California (CAPI).
Este programa brindó apoyo financiero a inmigrantes indocumentados de la tercera edad o con discapacidades.
Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitieron una citación al condado de Los Ángeles.
El objetivo era obtener acceso a los documentos relacionados con la gestión del programa durante la pandemia, reseña El Minnesota de Hoy.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la administración del expresidente Trump solicitó información confidencial de los beneficiarios del programa, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y su situación migratoria.
Esta investigación se enmarca en una estrategia más amplia contra estados liderados por demócratas que han implementado políticas de apoyo a los inmigrantes indocumentados.
Según la secretaria del DHS en ese momento, Kristi Noem, "los políticos de izquierda radical en California priorizan a los inmigrantes indocumentados sobre nuestros propios ciudadanos, incluso al otorgarles acceso a beneficios en efectivo".
La solicitud de la administración de Trump se ampliará a otros condados de California
La secretaria anticipó que la solicitud de información no se limitaría al condado de Los Ángeles, aunque se esperaba que las autoridades locales se resistieran a compartir esos datos.
Durante la pandemia, California encabezó una iniciativa para proporcionar un estímulo económico a los inmigrantes indocumentados que, debido a su situación migratoria, no eran elegibles para recibir los beneficios de desempleo ni los pagos directos del gobierno federal.
Para mitigar las dificultades económicas ocasionadas por la COVID-19, la Asamblea Legislativa de California aprobó un pago único de $600 para los receptores del CAPI.
La administración Trump ha realizado acusaciones infundadas sobre un supuesto abuso del sistema de Seguro Social por parte de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, debido a la falta de un número de Seguro Social válido, estos inmigrantes no tienen acceso a tales beneficios.
En su campaña, la administración republicana tampoco ha considerado que a gran parte de la población indocumentada se le deducen de sus salarios contribuciones para el desempleo, el seguro social, la jubilación y otras prestaciones a las que no pueden acceder.
De acuerdo con un análisis reciente del Instituto de Impuestos y Política Económica, este grupo de inmigrantes aportó aproximadamente $25.700 millones en impuestos al Seguro Social en 2022. Estos fondos ingresan a las arcas del gobierno federal sin que estos extranjeros reciban un retorno.
California alberga la mayor cantidad de personas indocumentadas en el país, superando los dos millones. Estos individuos son parte fundamental de sectores económicos clave como la agricultura, la construcción y los servicios.
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