La Ley del Senado Número 10, que busca hacer obligatoria la exhibición de los Diez Mandamientos cristianos en las aulas de las escuelas de Texas, se encuentra en sus últimas etapas legislativas.
Después de un debate de dos horas, la Cámara de Representantes texana la aprobó con 88 votos a favor y 49 en contra, reseña Lisa News.
Posteriormente, el 25 de mayo, el Senado la ratificó por 82 votos contra 46, incorporando una enmienda crucial: el estado asumirá cualquier gasto legal derivado de demandas contra los distritos escolares.
Con el apoyo garantizado del Partido Republicano en el Senado, la ley solo requiere la aprobación final de esta cámara y la firma del gobernador Greg Abbott, quien ya ha expresado su intención de promulgarla.
La nueva normativa especifica que los carteles con los Diez Mandamientos deben medir al menos 50x40 centímetros y no permite la colocación de otros similares en sus inmediaciones.
Durante la discusión, la representante Candy Noble defendió la propuesta, afirmando: "tenemos la obligación de seguir las leyes divinas. Creo que todo sería mejor si lo hiciéramos".
Impulsores del proyecto de ley aseguran que buscan acabar con la “decandencia moral” en escuelas de Texas
Los defensores de la ley argumentan que los Diez Mandamientos son un pilar de la historia de Estados Unidos y una herramienta contra la "decadencia moral".
Sin embargo, la iniciativa enfrenta una considerable resistencia de quienes sostienen que el Estado no debería involucrarse en la promoción religiosa.
Temen que la medida pueda crear un ambiente de exclusión para estudiantes de otras creencias o sin afiliación religiosa. Además, los sindicatos docentes también han manifestado su desacuerdo con la propuesta.
La tramitación de esta legislación ocurre a pesar de que, en junio de 2024, un tribunal federal ya dictaminó que una ley similar en Luisiana violaba la separación constitucional entre Iglesia y Estado.
Este precedente judicial genera interrogantes sobre la constitucionalidad de la medida texana, aunque los legisladores republicanos continúan decididos a convertirla en ley estatal y aplicarla.
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