Las leyes en Estados Unidos (EEUU) se cumplen a cabalidad, debido a esto, una ley en California ha reprimido el impacto de las políticas migratorias en el estado, se trata de la SB 54, le contamos cómo funciona.
La Ley SB 54, la cual se ha implementado desde 2018, es conocida como la Ley de Valores de California. En gran parte es gracias a esta normativa que California se convertido en un santuario para los inmigrantes.
Y es que esta legislación ha sido clave para el fortalecimiento de la relación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
En este punto, es importante entender que este estado tiene una población estimada de 2.3 millones de inmigrantes indocumentados.
La legislación contiene varios puntos que establecen medidas que otorgan protección a las comunidades inmigrantes, permitiéndoles acceder a servicios esenciales sin temor a detenciones o deportaciones.
Lo que ha llevado a reducir el temor a la deportación, promoviendo la denuncia de delitos y la participación cívica, contribuyendo a una mayor seguridad y cohesión social.
¿Cómo impacta la normativa?
En principio, la SB 54 prohíbe que las agencias estatales y locales, incluidas las fuerzas del orden, utilicen recursos para asistir en la aplicación de leyes migratorias federales.
Esto incluye la prohibición de investigar, interrogar, detener o arrestar a personas con fines de cumplimiento migratorio.
Por otra parte, la ley impide que las autoridades locales proporcionen información personal, como direcciones de residencia o trabajo, a ICE, a menos que dicha información sea de dominio público.
También se restringe la participación de las fuerzas del orden en operativos conjuntos cuyo objetivo principal sea la aplicación de leyes migratorias.
Además, garantiza que lugares públicos como escuelas, hospitales, bibliotecas y tribunales sean espacios seguros para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
Esto agrega otra capa de protección, ya que determina que las autoridades locales no pueden colaborar con ICE en estos entornos, fomentando la confianza de las comunidades inmigrantes en las instituciones públicas.
Hasta el momento, a pesar de los intentos del gobierno central -e incluso de algunos condados o ciudades- de dejarla sin efecto, tribunales federales han respaldado la constitucionalidad de la ley, afirmando que los estados tienen el derecho de decidir cómo utilizar sus recursos y colaborar con agencias federales.
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