En un fallo que repercute en el debate político y migratorio de Estados Unidos, un juez federal ordenó a la administración de Nueva York responder a una citación (subpoena) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La orden exige entregar datos personales de los hombres alojados en un refugio municipal de El Bronx y rechaza los argumentos de la ciudad sobre sus normas de protección a los inmigrantes.
Según información publicada por el diario hispano El Diario NY y agencias de noticias, la decisión fue firmada por Lewis A. Kaplan, juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Kaplan concluyó que la municipalidad no demostró que cumplir la orden federal supondría una carga excesiva para las operaciones de la ciudad.
El refugio Bruckner, ubicado en el 825 de East 141st Street, en el barrio de Mott Haven, está en el centro de la disputa.
Las autoridades federales de inmigración buscan obtener los nombres, las fechas de nacimiento y otros datos detallados de las personas alojadas allí.
¿Qué establece exactamente el fallo judicial sobre el ICE en refugios de Nueva York?
La decisión del juez Kaplan fija un mecanismo de supervisión estricto. Dio a las partes 14 días para presentar una propuesta conjunta sobre el nombramiento y la remuneración de un auxiliar judicial (special master).
Esta persona supervisará el proceso y revisará la información antes de que se entregue definitivamente a los agentes de inmigración.
El plazo de dos semanas se refiere únicamente a la puesta en marcha de ese mecanismo; no significa que los registros de los residentes se vayan a entregar de inmediato y en bloque, reseña Directorio Cubano.
Durante el litigio, la defensa municipal invocó las leyes de la ciudad y las normas de "ciudad santuario", que limitan estrictamente la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de control migratorio.
El juez Kaplan, sin embargo, rechazó esos argumentos en este caso. La decisión podría marcar un precedente importante en la tensión entre los gobiernos locales demócratas y las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
La noticia sigue en desarrollo y mantiene en alerta a organizaciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes en Nueva York, preocupados por que el fallo debilite las protecciones locales frente a las deportaciones masivas.
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