La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presentó una propuesta de presupuesto de 14,261 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027.
Aunque la cifra representa un incremento de casi mil millones de dólares en comparación con el ejercicio anterior —impulsado principalmente por el encarecimiento de combustibles, materiales y compromisos contractuales—, el plan financiero no es un cheque en blanco. Al contrario, dibuja una estricta hoja de ruta de austeridad para hacer frente a la inflación y a un crecimiento de ingresos más lento.
La propuesta mantiene estable la tasa impositiva del condado (el amillaramiento), lo que significa que los propietarios solo verán aumentos en sus facturas si el valor tasado de sus viviendas sube.
Sin embargo, para cuadrar las cuentas sin subir impuestos, el gobierno local ha tenido que diseñar una estrategia que impacta de manera directa el empleo público, la red de protección social y el sistema de transporte metropolitano.
Empleo público: ajustes sin despidos y eliminación de 400 vacantes
Una de las prioridades de la administración de Levine Cava ha sido proteger los puestos de trabajo existentes de la plantilla del condado.
Para lograr un ahorro de 79 millones de dólares en reducciones de gasto adicionales, la estrategia de empleo no recurrirá a los despidos masivos, sino a una reestructuración interna y a la amortización de plazas.
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Eliminación de vacantes: El presupuesto suprime de forma definitiva más de 400 puestos de trabajo vacantes (algunos de ellos con financiación parcial), evitando así recortar posiciones de empleados en activo.
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Eficiencia operativa: Se aplicará un control mucho más riguroso sobre las horas extras y se acelerará la digitalización de procesos administrativos mediante programas de consolidación de funciones, reduciendo la dependencia de la burocracia física.
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Austeridad en oficinas independientes: Las nuevas oficinas constitucionales e independientes (como la del Sheriff, el Supervisor de Elecciones y el Tasador de Propiedades) también deberán ajustarse el cinturón. Por ejemplo, el tasador de propiedades, Tomás Regalado, confirmó que su oficina redujo cuatro millones de dólares de su solicitud inicial de presupuesto mediante la reducción de posiciones proyectadas y gastos operativos, asegurando que "los tiempos no son de vacas gordas, sino de vacas flacas".
Servicios y transporte: el recorte más visible para los trabajadores
El transporte público, un servicio indispensable para miles de residentes que dependen de él para acudir a sus puestos de trabajo cotidianos, sufrirá los ajustes más severos del presupuesto.
Las tarifas del sistema no se han incrementado en más de 12 años y los ingresos actuales están lejos de cubrir los costos operativos de la red.
Para mitigar el déficit sin subir el precio del pasaje, el presupuesto propone:
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Reducción de rutas: Eliminar o recortar 12 rutas de autobuses (seis operadas directamente por el condado y seis bajo contratos privados).
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Recortes de horarios: Disminuir la frecuencia del servicio temprano en 44 rutas y el servicio nocturno en otras 38.
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Fondos alternativos: Utilizar 96 millones de dólares de un fondo vinculado al incremento del valor de las propiedades ubicadas alrededor de los corredores de transporte.
La alcaldesa reconoció el impacto social de esta medida: "Eso me da personalmente mucho dolor por la importancia del tránsito. Tenemos mucho tráfico". Sin embargo, lanzó una advertencia clara a los comisionados: "Si quieren gastar más para el tránsito, van a tener que cortar en otro lado".
Protección social y resiliencia: blindando lo esencial
A pesar de los recortes en transporte y burocracia, la propuesta presupuestaria busca blindar los servicios de protección social y calidad de vida que sostienen a las comunidades más vulnerables del sur de Florida.
El plan concentra de manera prioritaria sus recursos disponibles en programas de seguridad pública, servicios de salud, parques metropolitanos, infraestructura crítica y proyectos de resiliencia ante el cambio climático.
La meta de la alcaldía es mantener la cohesión social y la seguridad en los barrios residenciales, optimizando la asignación de cada dólar público hacia las necesidades primarias de salud y atención comunitaria.
El fantasma de un referendo que obligaría a nuevos recortes
El debate sobre el presupuesto de Miami-Dade, que deberá ser aprobado por la Comisión antes del 1 de octubre, se desarrolla bajo la sombra de una importante incertidumbre fiscal.
El próximo mes de noviembre, los votantes de Florida decidirán sobre una propuesta de referendo estatal orientada a reducir el impuesto a la propiedad.
Si este cambio es aprobado por la ciudadanía, las arcas de Miami-Dade sufrirán un golpe devastador: se estima una pérdida de ingresos de 386 millones de dólares en el primer año y de hasta 696 millones en el segundo.
Aunque esta reducción no afectaría el presupuesto de este año, condicionaría gravemente el futuro de la protección social en el condado.
"Si la propuesta sobre el impuesto a la propiedad se aprueba, obviamente vamos a tener que hacer recortes más severos", advirtió Levine Cava, al señalar que los servicios que se verían comprometidos a mediano plazo incluirían a los bomberos, las bibliotecas públicas, los parques y los programas de asistencia comunitaria.
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