Ni los deportados se salvan: DHS rastrea domicilios en Latinoamérica para exigir pagos de multas de $1.8M

El programa, denominado Localización y Recuperación de Pagos, contempla un presupuesto de $9 millones de dólares

Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 10:20 am

La estrategia de control migratorio de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) ha tomado una dimensión internacional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puso en marcha un plan de rastreo transfronterizo destinado a localizar en México, Guatemala y Honduras a personas con órdenes de expulsión pendientes, con el fin de notificarles el cobro de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta $1.8 millones de dólares.

El programa, denominado Localización y Recuperación de Pagos, contempla un presupuesto de $9 millones de dólares para los próximos dos años.

A través de contratistas e investigadores privados, las autoridades buscan verificar domicilios mediante fotografías, comprobantes de servicios, registros laborales o documentos oficiales en los países de origen.

Los agentes privados entregarán folletos bilingües detallando los montos adeudados según las bases de datos federales.

¿Por qué las multas alcanzan sumas millonarias?

La medida se fundamenta en disposiciones normativas que permiten acumular sanciones diarias por incumplimiento de órdenes de salida:

  • Sanción acumulativa: las multas diarias por no abandonar el país tras una orden final de deportación pueden llegar hasta $998 por día, acumulables durante un periodo máximo de cinco años.
  • Recargos adicionales: abogados de la Legal Aid Society advierten que agencias privadas de cobranza agregan cargos administrativos que, en determinados casos, suman hasta $500.000 extra al balance original.
  • Volumen acumulado: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha acumulado más de $84.000 millones de dólares en notificaciones de sanción a nivel general.

Cronograma de implementación y proyecciones clave

Para comprender la evolución del programa y los escenarios a corto y mediano plazo, este es el esquema temporal de actividades previsto por analistas legales y regulatorios:

Periodo / Fecha

Fase de la Estrategia

Impacto para la Comunidad

Agosto 2026 (Fase Actual)

Despliegue operativo de contratistas e investigadores en México, Guatemala y Honduras.

Verificación de residencias y entrega presencial de notificaciones bilingües.

Semanas 1 a 4 tras la notificación

Ventana para apelaciones y objeciones administrativas (30 días hábiles).

Plazo crítico para que la persona notificada o sus familiares en EEUU consulten a un abogado.

Finales de 2026 – Primer trimestre 2027

Fase de cobro coactivo e intentos de embargo de bienes en EEUU o transferencias.

Evaluación de activos o cuentas ligadas al titular en territorio estadounidense.

Transcurso de 2027 - 2028

Revisiones judiciales sobre la legalidad de los cobros en tribunales de apelación.

Fallos judiciales determinarán si la imposición extranacional de sanciones viola el debido proceso.

Análisis legal: ¿Es legítimo el cobro transfronterizo?

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han puesto en duda la viabilidad jurídica del programa.

  • Debido proceso: especialistas de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (NYU) señalan que notificar sanciones en el extranjero a personas que ya fueron expulsadas constituye una escalada en las tácticas coercitivas que podría vulnerar las garantías procesales.
  • Efecto disuasorio: representantes de Public Justice sostienen que el objetivo de fondo es desincentivar futuros intentos de reingreso a EEUU mediante la presión económica prolongada.
  • Compensaciones a contratistas: los términos del contrato prevén pagos fijos por localización confirmada y bonificaciones por entregas rápidas. Los fondos recaudados se destinarían a financiar operaciones del gobierno federal para identificación, detención y deportación.

¿Qué hacer si un familiar en el extranjero o tú reciben una notificación?

  1. Conserva la calma y verifica la documentación: mantén una copia legible del documento recibido. No firmes acuerdos de pago inmediatos con cobradores privados sin asesoría legal previa.
  2. Revisa la fecha de notificación: el plazo estándar para controvertir o apelar la multa (Notice of Intent to Fine) suele ser de 30 días a partir de la recepción de la notificación.
  3. Busca asesoría legal calificada en EEUU: consulta con un abogado de inmigración o con organizaciones de representación acreditadas (como Legal Aid Society o National Immigration Law Center) para evaluar si existió alguna imposibilidad física o legal para salir, o si hubo un error administrativo.
  4. Verifica programas voluntarios o excepciones: en ciertos marcos, quienes demuestran exenciones médicas, imprevistos fuera de su control, o que se apegan a esquemas de retorno asistido (como CBP Home), podrían calificar para la condonación o suspensión de multas por no salir del país (failure to depart).
Antecedentes legales de las multas: aunque las leyes de sanciones civiles por no salir (sección 8 U.S.C. §1324d) existen desde la Ley de Inmigración de 1996, rara vez se habían aplicado de forma masiva. Desafíos legales previos en tribunales federales han obligado a revisar si aplicar multas desproporcionadas viola la Octava Enmienda de la Constitución de EEUU (sobre castigos excesivos o multas desmedidas).


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