El Departamento de Estado confirmó la aplicación de nuevas sanciones de EEUU a Cuba dirigidas a estructuras de la administración pública y directivos institucionales.
La resolución alcanza a nueve empresas vinculadas a la minería, el comercio exterior, la construcción y la distribución de insumos, además de tres representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Entidades y funcionarios afectados
Las medidas administrativas designan directamente al Ministerio de la Construcción de Cuba, así como a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y Acinox Comercial. La lista se completa con las compañías Coratur, Transimport, Consumimport y la agencia proveedora de personal Acorec.
La inclusión de ministerios y empresas estatales en la lista de sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) restringe la operatividad comercial, el flujo de divisas y las alianzas financieras internacionales de sectores clave en la economía cubana.
Impacto directo en cuatro áreas operativas
1. Inhabilitación del uso del dólar: el impacto real ocurre si alguna de estas firmas intenta realizar una transacción internacional en dólares que deba liquidarse a través de un banco corresponsal estadounidense. En esos casos, el banco emisor o intermediario en EEUU no devuelve el dinero al remitente, sino que lo congela de inmediato en una cuenta de custodia bloqueada. Cuba perderá entre 100 y 250 millones de dólares anuales por tener que pagar comisiones a terceros países y bancos intermediarios para esquivar las restricciones financieras.
2. Captación de divisas e exportaciones a través del níquel y la minería (Empresa Che Guevara, Geominsal, Metalcuba): Golpea a una de las principales fuentes de ingresos por exportación de la isla (el níquel y cobalto de Moa). Se dificulta el procesamiento, transporte y colocación de estos insumos en el mercado global, además del aprovisionamiento de maquinaria pesada. Entre 400 y 800 millones de dólares anuales en divisas seran no percibidas por Cuba.
3. Paralización del comercio exterior y logística gubernamental
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Importaciones de insumos masivos (Transimport, Consumimport, Acinox Comercial): Estas empresas centralizan la compra de maquinaria, acero, repuestos de transporte y productos de consumo general. La sanción interrumpe la adquisición directa de partes de repuesto y suministros clave para infraestructuras estatales, por que la isla debe pagar hasta 315 millones de sobreprecio.
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Servicios de personal a firmas extranjeras (Acorec): Dificulta la contratación directa de trabajadores locales por parte de corporaciones e inversores internacionales presentes en Cuba, obstaculizando sus esquemas de nómina. La isla pierde hasta 100 millones de dólares anuales.
4. Reducción de la inversión extranjera: Cualquier empresa, naviera o proveedor extranjero que mantenga vínculos comerciales o suministre bienes a las organizaciones sancionadas corre el riesgo de ser incluido también en la lista de bloqueos de EE. UU., lo que desincentiva el comercio internacional con la administración pública cubana. Podría representar perdidas de hasta 450millones de dólares anuales.
Alcance de las sanciones individuales a directivos del ICAP
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) gestiona recursos provenientes de ONG, brigadas internacionales de trabajo voluntario y grupos de solidaridad. Al estar sus máximos representantes sancionados, cualquier banco internacional que procese transferencias dirigidas a proyectos autorizados por González Llort, Rabaza o Martínez corre el riesgo de ser penalizado por la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Las agrupaciones de solidaridad o activistas extranjeros que mantengan reuniones, firmen acuerdos o reciban financiamiento coordinado directamente por estos tres directivos pueden ser tipificados como colaboradores de actores sancionados, exponiéndose a la congelación de sus propias cuentas bancarias en sus países de origen.
La inclusión de González Llort tiene un peso político particular dentro del discurso oficial cubano. Al ser uno de los cinco agentes de la denominada Red Avispa que cumplió condena en cárceles estadounidenses antes de regresar a Cuba, su sanción individual reafirma el endurecimiento de la línea política de Washington hacia las figuras clave del aparato de proyección exterior de La Habana.
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