El panorama político y migratorio de Texas atraviesa un cambio histórico. Después de derrotar a Greg Abbott en las elecciones generales del martes 3 de noviembre, la gobernadora electa Gina Hinojosa se alista para asumir el cargo en enero de 2027.
Su llegada al poder plantea una pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con la colaboración entre el estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una alianza que se ha mantenido firme durante las últimas administraciones republicanas?
Según información publicada por el medio oficial La Nación, basada en declaraciones de Hinojosa a Univision y en análisis jurídicos especializados, la demócrata se comprometió a revisar con detalle el destino de los fondos estatales asignados a la seguridad fronteriza.
Entre sus propuestas principales está poner fin al uso de personal y recursos públicos para apoyar centros de detención administrados por empresas privadas.
Sin embargo, las promesas de campaña de la futura gobernadora se enfrentan a un marco legal complejo que restringe considerablemente sus facultades ejecutivas.
Como explicó Armando Olmedo, asesor jurídico de Televisa Univision, en declaraciones citadas por La Nación, un cambio de gobierno estatal no limita por sí solo las atribuciones federales del ICE, que opera de manera independiente en todo Estados Unidos.
Las leyes que protegen y restringen la acción migratoria en Texas
El principal obstáculo para los planes de Hinojosa es la legislación vigente, aprobada por el bloque conservador. Una de las normas que define el escenario político es la ley SB 8, en vigor desde el 1° de enero de 2026.
Esta exige que los alguaciles de los condados que administran cárceles —o contratan a empresas privadas para hacerlo— tramiten y firmen acuerdos de cooperación migratoria conocidos como convenios 287(g).
Estos pactos otorgan a las fuerzas policiales facultades para aplicar la ley federal de inmigración.
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