Un estado de EEUU ha registrado un incremento de daños intencionales a las cámaras de placas

Hasta la fecha, las reparaciones y reposiciones han generado un costo directo de USD 2,450 para la ciudad

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 09:32 am

El Departamento de Policía de Dallas ha encendido las alarmas tras registrar un aumento progresivo en los actos de vandalismo y sabotaje contra las cámaras de lectura de placas vehiculares instaladas en la ciudad.

Desde el mes de marzo, las autoridades contabilizan al menos 25 incidentes en los que estos dispositivos tecnológicos han sido dañados, destruidos o retirados de forma intencional.

De acuerdo con Allison Hudson, portavoz de la policía local, el organismo comenzó un monitoreo sistemático de estos eventos tras registrarse una primera oleada de 10 casos en un solo mes.

Hasta la fecha, las reparaciones y reposiciones han generado un costo directo de USD 2,450 para la ciudad, aunque la empresa proveedora de la tecnología, Flock Safety, ha asumido y eximido a la municipalidad de la mayor parte de los gastos de reemplazo.

El modus operandi y la respuesta policial

La mayoría de estos dispositivos están montados sobre estructuras de 12 pies de altura alimentadas por pequeños paneles solares. Según detallaron las autoridades, los responsables suelen cortar o derribar los postes desde la base para inutilizar los equipos.

Ante la ola de sabotajes, la policía de Dallas ha comenzado a reubicar las cámaras en postes de servicios públicos de mayor altura y de más difícil acceso. Sin embargo, las investigaciones enfrentan serios obstáculos:

  • Sin arrestos hasta el momento: Las autoridades no han logrado detener a ningún sospechoso en la jurisdicción de Dallas.

  • Retrasos en la notificación: El desfase entre el momento en que se perpetra el daño y el momento en que se reporta la inoperatividad de la cámara ha dificultado la recolección de pruebas inmediatas.

  • Incidente reciente: El caso más reciente se registró este lunes en Pleasant Grove, junto a Military Parkway, donde un agente confirmó el daño intencional a una unidad.

Pese a las dificultades en Dallas, en otras localidades del norte de Texas se han logrado avances judiciales. En Carrollton, tras la desaparición de cinco cámaras en junio, la policía identificó y presentó cargos por robo de cuantía grave contra dos hombres.

Expansión de la red Flock Safety en Dallas

La tecnología de lectura automática de placas (ALPR) ha operado en Dallas desde hace más de una década. Sin embargo, la red experimentó una expansión masiva luego de que el Ayuntamiento aprobara en 2022 su primer acuerdo con Flock Safety, firma con sede en Atlanta cuyas cámaras fijas funcionan con asistencia de inteligencia artificial.

Posteriormente, en mayo de 2025, la ciudad ratificó un contrato por USD 5.7 millones a tres años para consolidar el sistema.

De ese monto, USD 3.9 millones provienen del fondo general municipal, mientras que el resto fue financiado a través de subvenciones del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (USD 1.7 millones) y del Departamento de Seguridad Nacional (USD 125,000). Actualmente, la ciudad cuenta con una red activa de 670 cámaras.

Un debate sobre privacidad que llega al Congreso

Los ataques a la infraestructura de vigilancia ocurren en un contexto de creciente tensión social y política sobre los límites de la tecnología en el espacio público.

Mientras que las fuerzas de seguridad destacan que estas herramientas son indispensables para resolver delitos y localizar vehículos robados, grupos civiles y críticos en Dallas y otras urbes denuncian riesgos severos a la privacidad ciudadana.

La controversia ha escalado a nivel federal en Washington D. C.:

  1. Iniciativa de orden judicial: El representante republicano Keith Self (McKinney) presentó un proyecto de ley para exigir que las agencias federales obtengan una orden emitida por un juez antes de acceder a las bases de datos de vigilancia recopiladas por gobiernos locales.

  2. Debate legislativo: En mayo, un comité del Congreso rechazó una enmienda bipartidista vinculada a la reautorización de fondos para carreteras que buscaba restringir significativamente el despliegue de lectores automáticos de placas en vías públicas.

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