La administración del expresidente Donald Trump ha comenzado a clasificar como fallecidos a más de 6,000 inmigrantes que están vivos, lo que implica la cancelación de sus números de Seguro Social.
La acción tiene como objetivo dificultar su acceso a servicios básicos y presionarlos para que abandonen Estados Unidos, informó CNN.
Según fuentes cercanas al asunto, esta decisión afectará gravemente la capacidad de los inmigrantes para acceder a bancos y otros servicios financieros que requieren un número de Seguro Social.
La administración está implementando esta estrategia para restringir la permanencia de aquellos que ingresaron al país bajo programas temporales establecidos por el gobierno anterior. Los nombres y números de Seguro Social de estos inmigrantes están siendo transferidos a una base de datos utilizada comúnmente para rastrear a personas fallecidas.
Los funcionarios indicaron que esta medida busca incentivar a los inmigrantes a regresar voluntariamente a sus países de origen. Sin embargo, no se ha aclarado cómo se seleccionó a los más de 6,000 individuos afectados.
Revocación del estatus Legal y reacciones judiciales
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó recientemente el estatus legal de los inmigrantes que utilizaron la aplicación CBP One, permitiéndoles permanecer en el país con autorización laboral durante dos años.
Ahora, se espera que estos inmigrantes abandonen el país por voluntad propia. En contraste, una jueza federal ha bloqueado temporalmente las órdenes que obligarían a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con estatus legal temporal a salir del país.
Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la clasificación errónea de inmigrantes vivos como fallecidos. Esta agencia mantiene una base de datos exhaustiva sobre personas fallecidas desde 1899.
Colaboración entre agencias federales
Recientemente, el DHS y el Departamento del Tesoro firmaron un acuerdo que permite al IRS compartir información fiscal sobre inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Este acuerdo facilitará la identificación y deportación de personas sin permiso en Estados Unidos. La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, renunció tras este anuncio debido a las implicaciones éticas del acuerdo.
Skye Perryman, presidenta y CEO del grupo Democracy Forward, anunció que su organización probablemente impugnará legalmente esta medida relacionada con los números del Seguro Social. “Este presidente continúa incurriendo en conductas ilegales, violando la ley y abusando de nuestros sistemas de pesos y contrapesos”, afirmó Perryman.
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