Millones de inmigrantes indocumentados se enfrentan al dilema de tener que escoger entre inscribirse en un registro nacional y proporcionar sus huellas dactilares, lo que los pondría en la mira de las autoridades para su deportación, o enfrentar castigos que potencialmente los llevarían a la cárcel.
El “Requisito de Registro de Extranjeros” del Gobierno del presidente Donald Trump busca presionar a los inmigrantes a marcharse por su propia cuenta, precisó El Diario NY.
La inscripción en este plan proporcionaría datos al Gobierno para su expulsión, pero incumplirlo podría suponer mayores castigos a los que enfrenta la ofensa civil por estar indocumentados.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó a EFE que este 11 de abril entra en vigor la medida que exige a los inmigrantes inscribirse en el registro. Todos los mayores de 14 años que han permanecido en el país por más de 30 días deben enlistarse.
Los padres o tutores legales de indocumentados menores de 14 años deben registrar a los pequeños, para este grupo no será necesario que presenten huellas dactilares.
USCIS ya ha habilitado en su sitio web los recursos para que los inmigrantes abran una cuenta personal e inicie la inscripción. Deben informar sobre su lugar de residencia, cuándo ingresaron al país y si tienen récord criminal, entre otros datos.
Las autoridades exigen que se lleve el comprobante de inscripción en todo momento.
Activistas y abogados de inmigración intentan calmar a los inmigrantes y llaman a la comunidad indocumentada a no participar. “No, no hay que inscribirse. Esa orden ejecutiva de Trump es inconstitucional”, indicó el abogado de inmigración Alex Gálvez.
El jurista opinó que el nuevo requerimiento de la Casa Blanca viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege a las personas de la autoincriminación.
Los inmigrantes están a la espera de que un tribunal federal en Washington se pronuncie al respecto de una demanda presentada por cuatro organizaciones comunitarias.
En la primera audiencia del caso el martes pasado, el juez Trevor McFadden, designado por Trump, pareció inclinarse a favor de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, La Unión de Trabajadores Agrícolas, CASA y Make the Road New York, que han pedido que se bloquee la medida.
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