La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo este jueves instando a la Administración de Donald Trump a "facilitar" el regreso del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien fue enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador debido a un "error administrativo".
La resolución del tribunal mantiene “parcialmente” una orden previa de una corte inferior, que exige al Gobierno que repatríe a Abrego y permita que su caso migratorio continúe su curso "como si no lo hubiera enviado de manera impropia a El Salvador".
No se ha establecido un plazo específico
A pesar de la decisión favorable para Abrego, los jueces no establecieron un plazo específico para su retorno y solicitaron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo debe llevarse a cabo este traslado, asegurando que la orden judicial no interfiera con el privilegio del Ejecutivo en la gestión de la política exterior.
El caso ha sido utilizado por políticos y organizaciones para criticar las políticas de deportación masiva implementadas durante la administración Trump.
Abrego García, un joven de 24 años con estatus legal en Estados Unidos que lo protegía contra la deportación, está casado con una ciudadana estadounidense. Huyó de El Salvador debido a extorsiones y amenazas por parte de la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales presentados por su defensa.
Críticas al gobierno de Trump
La decisión del Supremo, redactada por tres jueces liberales, critica fuertemente los argumentos del Gobierno que justifican la deportación y detención de Abrego.
"La justificación del Gobierno implica que pueden deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos sin consecuencias legales, antes de que una corte pueda intervenir", señala el fallo, informó EFE.
Las autoridades migratorias estadounidenses han calificado el envío de Abrego como un "error administrativo", pero argumentan que no tienen autoridad para devolverlo a Estados Unidos porque actualmente se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño. Además, el Gobierno sostiene que Abrego es miembro de la pandilla MS-13 y no debería regresar al país.
Defensa argumenta violación a la Constitución estadounidense
Los abogados defensores de Abrego argumentan que su envío a El Salvador viola la Constitución estadounidense al no garantizarle un debido proceso.
Ama Frimpong-Houser, una de las abogadas del caso, advirtió: "Si no se permite su retorno a Estados Unidos, se envía una señal de que el Gobierno simplemente puede secuestrar a alguien en las calles, desaparecerlo en cuestión de días a otro país y lavarse las manos".
Este caso plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y establece un precedente alarmante en materia migratoria. Hasta ahora, el Gobierno ha enviado al CECOT a 232 migrantes.
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