Las autoridades locales del gobierno de Miami Beach iniciaron la revisión del marco operativo para la red de vigilancia vehicular en la ciudad, tras la directiva emitida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de desmontar los lectores de placas instalados en autopistas y vías bajo jurisdicción estatal. La medida obedece a objeciones legales sobre la recopilación masiva de datos y el monitoreo de los conductores.
DeSantis declaró que, si bien apoya que las fuerzas policiales tengan herramientas para investigar delitos, no permitirá que el estado se transforme en un sistema de control masivo:
"No quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia o en una prisión digital. Si quieres subirte a tu auto e irte por la carretera, eso no es asunto del maldito gobierno", afirmó públicamente.
Tras sus declaraciones, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitió una orden administrativa dando un plazo de 30 días a los municipios y cuerpos policiales para desmontar todas las cámaras lectoras de las vías bajo jurisdicción estatal. Adicionalmente DeSantis solicitó a la Legislatura de Florida aprobar una regulación estricta o una "Carta de Derechos de Inteligencia Artificial" (AI Bill of Rights) para fijar límites legales claros al uso de datos, algoritmos y redes de cámaras en el estado.
Alternativas de reubicación y debate por la privacidad
Durante la última sesión de la Comisión de Miami Beach, los funcionarios municipales plantearon diversas opciones para los equipos automáticos que deberán desmontarse de arterias viales como Alton Road. Entre las propuestas destaca el traslado de estos dispositivos hacia propiedades de carácter privado previa autorización de los dueños, así como la congelación temporal en la compra de nueva tecnología de rastreo.
El comisionado Alex Fernández sostuvo que la prioridad de la mesa de trabajo es fijar límites normativos para evitar una percepción de vigilancia sobre la ciudadanía. Por su parte, el comisionado David Suárez propuso detener las expansiones de la red de cámaras hasta realizar audiencias públicas que definan el manejo y los tiempos de almacenamiento de la información. Advirtió que el rastreo y seguimiento continuo de las personas en el espacio público puede derivar en un abuso del derecho a la privacidad.
Postura policial y plazos para la decisión
El alcalde Steven Meiner y el jefe del Departamento de Policía de Miami Beach, Wayne Jones, defendieron la vigencia del sistema argumentando su efectividad en la resolución de delitos como el robo de vehículos, el tráfico de sustancias y la localización de sospechosos. Jones puntualizó que los riesgos actuales no residen en los componentes tecnológicos, sino en los protocolos de acceso que aplican las instituciones policiales a las bases de datos sobre modelos, colores y registros de tránsito.
La Comisión de Miami Beach no emitió un fallo definitivo sobre el destino de los equipos. El jefe de la policía deberá entregar en la reunión ordinaria de octubre un informe detallado con las recomendaciones técnicas y las políticas de seguridad digital que regularán el uso del sistema en la jurisdicción.
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