Millones de estadounidenses podrían beneficiarse y recibir beneficios ampliados del Seguro Social en los Estados Unidos (EEUU).
Este panorama sería posible si se aprueba una nueva legislación que se someterá a votación en el Senado durante los siguientes días.
Actualmente, unos 3 millones de personas se encuentran inscritos en la Administración del Seguro Social (SSA) y se podrían beneficiar de la Ley de Equidad de la Seguridad Social.
Los principales beneficiados de aprobarse esta medida, son las personas que trabajan en el gobierno federal, estatal y local, así como también los maestros, bomberos y oficiales de policía.
Ley de Equidad de la Seguridad Social
La Ley de Equidad de la Seguridad Social, cuenta con apoyo bipartidista. La Cámara de Representantes aprobó la medida con una votación que quedó 327 a 75.
Solo falta la votación del Senado para convertir la legislación en ley y pueda ser enviada al presidente, Joe Biden, antes de que cambie la administración.
El objetivo de la legislación, es derribar la barrera que limita los beneficios del Seguro Social para beneficiarios que tienen pagos de jubilación de otras fuentes.
Windfall Elimination Provision
La Ley de Equidad en la Seguridad Social busca abordar dos disposiciones principales, que han sido las más criticadas por los estadounidenses.
La primera es Windfall Elimination Provision (WEP), que reduce los beneficios del Seguro Social a las personas que trabajaron en lugares donde no pagaron impuestos al Seguro Social.
Pero, esto no debería quitarle el derecho a una pensión. En este tipo de casos el WEP perjudica significativamente los beneficios de estos empleados.
Government Pension Offset
La otra disposición, es Government Pension Offset (GPO), que afecta directamente a los cónyuges o viudos(as) que reciben una pensión de un trabajo no cubierto por el Seguro Social.
La desventaja del GPO, es que descuenta hasta dos tercios de la pensión pública los beneficios que el individuo tendría derecho a recibir como cónyuge o viudo(a).
Con estas propuestas se espera garantizar que los trabajadores públicos no sean penalizados por recibir pensiones de empleos no cubiertos por el Seguro Social, sin perder los beneficios ganados en empleos que si lo hacen.
Con información de Solo Dinero
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