El gobernador Ron DeSantis firmó 68 nuevas leyes que entrarán en vigor el 1 de julio de 2025, con diversas implicaciones para los residentes de Florida.
Según información publicada por La Nación, al menos diez de estas normativas tendrán un impacto directo en los migrantes latinos en áreas como trabajo, educación, salud y regulación migratoria.
Cambios en asesoría migratoria
La ley HB 915 busca reducir fraudes en asesorías migratorias ilegales, estableciendo nuevas regulaciones:
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Restricción de términos como “asistente de inmigración” en anuncios de servicios.
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Obligación de advertencias visibles en asesorías que no sean dirigidas por abogados.
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Posibilidad de demandas civiles para víctimas de fraude.
Reformas en el sistema educativo
Entre las modificaciones en educación destacan:
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HB 1105, que prohíbe celulares en escuelas hasta octavo grado y amplía el acceso al programa School Readiness para niños con discapacidades.
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HB 549, que instruye el reemplazo del nombre “Golfo de México” por “Golfo de América” en materiales escolares, generando debate académico.
Regulación de embarcaciones migrantes
La ley SB 830 establece medidas para la identificación y remoción de embarcaciones utilizadas en ingresos irregulares al país, afectando principalmente a migrantes cubanos y haitianos.
Protección de propiedades privadas
La SB 322 refuerza la protección de bienes comerciales, permitiendo a propietarios solicitar la remoción inmediata de ocupantes sin necesidad de orden judicial.
Cambios en el área de salud pública
Otras leyes abordan temas como:
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HB 1237, que introduce un currículo sobre trata de personas en el sistema educativo.
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SB 958, que impulsa campañas de detección temprana de diabetes tipo 1.
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SB 1102, que redefine los criterios de prioridad en programas de educación preescolar.
Implicaciones para la comunidad latina
Florida alberga casi tres millones de habitantes latinos, por lo que la implementación de estas leyes podría influir en su vida cotidiana y derechos sociales.
Las nuevas disposiciones reflejan una agenda legislativa amplia, que reconfigura normativas clave en el estado.
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