A partir del 1 de diciembre, la ley HB10 entrará en vigor en Carolina del Norte, obligando a las cárceles del estado a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta colaboración es para verificar el estatus migratorio de individuos arrestados por ciertos delitos. Esta norma se activa con crímenes graves como homicidio, secuestro, violación y tráfico de drogas, así como agresiones y violaciones de órdenes de protección.
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La aprobación de la HB10 se concretó tras un voto del Senado estatal el 20 de noviembre, donde se anuló el veto del gobernador Roy Cooper con 30 votos a favor y 19 en contra.
La Cámara de Representantes también respaldó esta decisión con 72 votos a favor y 44 en contra, destacando la influencia de la ‘supermayoría’ republicana en ambas cámaras.
De qué va la ley
La ley estipula que, tras un arresto por los delitos mencionados, las cárceles deberán verificar el estatus migratorio del detenido a través de documentos o investigación directa.
Si no se puede demostrar la residencia legal, se consultará a ICE. Si este determina que la persona es indocumentada, emitirá una orden de detención, permitiendo que el detenido permanezca hasta 48 horas en la cárcel mientras se organiza su transferencia a custodia federal.
Organizaciones como El Pueblo y El Centro Hispano han expresado su oposición a la ley, considerándola antiinmigrante y advirtiendo sobre un clima de miedo en las comunidades migrantes.
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Stefanía Arteaga, de Carolina Migrant Network, subrayó que esta legislación socava la confianza entre las familias inmigrantes y las instituciones públicas, convirtiendo a las agencias locales en ejecutoras de leyes de inmigración.
Con información de Mundo Now.
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