La Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE) presentó los alcances de la Pregunta 3 de la boleta electoral de la Ciudad de Nueva York, una iniciativa diseñada para reestructurar los procedimientos administrativos que cumple el Departamento de Transporte (DOT) antes de construir proyectos viales significativos, incluyendo carriles exclusivos para autobuses y vías para bicicletas. La medida busca agilizar la ejecución de obras mediante una modificación del proceso de transporte público.
Reestructuración del esquema de consulta e intervenciones de emergencia
De acuerdo con Ann Cheng, directora ejecutiva de la COGE, la legislación vigente exige que el DOT consulte obligatoriamente con otras cuatro agencias municipales antes de iniciar obras de envergadura. La propuesta mantendrá esa obligación interinstitucional, pero eliminará la rigidez que exige la aprobación de subunidades específicas dentro de cada departamento, otorgando a los comisionados la potestad de designar a los responsables de la revisión.
Asimismo, el proyecto introduce cambios en las intervenciones ejecutadas bajo la figura de "necesidad inmediata". La nueva normativa requerirá que las determinaciones de emergencia se fundamenten en datos técnicos de choques e índices de seguridad vial. Adicionalmente, permitirá que las fases finales de consulta con juntas comunitarias y funcionarios electos se realicen de manera simultánea al avance de las obras.
"El objetivo es reducir parte de la burocracia y, al mismo tiempo, conservar la importante consulta entre agencias y la participación de la comunidad", afirmó Ann Cheng, directora ejecutiva de la COGE.
Argumentos jurídicos y debate sobre el control ciudadano
La iniciativa ha generado posiciones encontradas entre especialistas en derecho urbano. El abogado Peter Beadle señaló que la exigencia de fundamentar las emergencias en estadísticas oficiales facilitará la revisión judicial, ya que las autoridades deberán presentar evidencia objetiva de riesgo ante cualquier impugnación en tribunales.
Por el contrario, el jurista Hartley Bernstein sostuvo que flexibilizar los pasos de consulta e interconectar los trámites dificulta la oposición de residentes y comercios a la instalación de carriles bici protegidos, advirtiendo que la eliminación de requisitos específicos con cuarteles de bomberos o comisarías podría debilitar el control comunitario.
La aprobación de la medida requerirá una mayoría simple de votos en la jornada electoral.
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