El gobierno federal modificará drásticamente la seguridad financiera de cientos de miles de jubilados en Estados Unidos al activar, a partir del 1 de julio de 2026, el embargo de los cheques del Seguro Social por deudas educativas atrasadas.
La medida se ejecutará a través del Programa de Compensación del Tesoro (TOP) y afectará a personas de la tercera edad, sobrevivientes y ciudadanos con discapacidad que presenten morosidad en sus préstamos estudiantiles federales.
Índices
Datos provistos por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) revelan que alrededor de 452,000 beneficiarios de la Seguridad Social arrastran este tipo de obligaciones financieras, muchas de ellas adquiridas para costear sus propios estudios o los de sus descendientes.
Bajo esta nueva directriz de la administración del presidente Donald Trump, las retenciones alcanzarán hasta un 15 % del pago mensual, siempre y cuando el beneficiario conserve un piso mínimo de $750 mensuales tras aplicarse el descuento según detalla Solo Dinero.
Otras reformas
Este endurecimiento se suma a otras reformas polémicas impulsadas desde enero de 2025, entre las cuales destaca la fijación de una tasa de embargo del 50%.
Esta tasa es para la recuperación de pagos indebidos por parte de la Administración del Seguro Social (SSA), tras revertirse el límite del 10% establecido durante la gestión anterior.
Impacto en la población
La finalización de la tregua de cobros forzosos dictada por el Departamento de Educación en enero de 2026 marca un cambio de paradigma para una población vulnerable que enfrenta un costo de vida elevado, contrarrestando el beneficio del último ajuste anual del 2.8% (COLA).
Defensores de los derechos de los adultos mayores advierten que la pérdida de ingresos mensuales desestabilizará los presupuestos familiares destinados a la adquisición de alimentos, medicinas y vivienda, demostrando que estos fondos federales ya no gozan de una condición inalterable.
¿Cómo evitarlo?
Para eludir el recorte del dinero de jubilación, los afectados cuentan con dos mecanismos legales específicos antes de que venza el plazo estipulado.
Por un lado, las personas que presenten una condición médica limitante pueden tramitar la Cancelación por Discapacidad Total y Permanente (TPD), un programa de condonación de deuda estudiantil que en ciertas ocasiones la misma SSA gestiona de forma automatizada.
Por otro lado, existe la opción de consignar una solicitud de exención por dificultades económicas ante el Departamento de Educación, donde el beneficiario debe certificar documentalmente que el embargo comprometería el cubrimiento de sus necesidades y gastos más esenciales.
La CFPB proyecta una efectividad alta para este último recurso, estimando que el 82% de los pensionados con cuentas en mora reúne los requisitos para calificar y ampararse bajo dicha protección legal.
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