Un fallo emitido por el 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Atlanta ha restablecido el derecho a solicitar una fianza para los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La sentencia, con una votación de 2-1, declara ilegal la política que clasificaba automáticamente a los indocumentados detenidos dentro del país como "solicitantes de admisión". Bajo esa premisa técnica, el gobierno federal les negaba sistemáticamente la posibilidad de salir en libertad condicional, obligándolos a permanecer en centros de detención sin importar sus años de residencia o vínculos familiares en el territorio nacional.
Impacto en centros de detención locales
La resolución tiene efectos inmediatos y vinculantes para las instalaciones ubicadas en la jurisdicción del tribunal, incluyendo varios centros críticos en el sur de Florida. Entre los recintos donde los detenidos ahora podrán gestionar su fianza se encuentran el Centro de Detención Krome en Miami-Dade, Alligator Alcatraz en los Everglades, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach y el Centro Federal de Detención en Miami. Según datos de TRAC Immigration, Florida registraba a principios de abril una población diaria de más de 5,000 detenidos, muchos de los cuales fueron arrestados en paradas de tráfico o procedimientos rutinarios tras vivir décadas en el país.
Interpretación legal del tribunal
Los jueces del tribunal de apelaciones señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba aplicando una interpretación del concepto "solicitar admisión" que no se ajusta a lo definido por el Congreso. En el dictamen, el tribunal subrayó la distinción entre quienes llegan a un puerto de entrada y quienes ya residen en el interior.
"El gobierno quiere hacernos creer que el Congreso ha efectuado una campaña de detención masiva de todos los extranjeros no admitidos en el país. Solicitar una reparación contra la deportación no es lo mismo que solicitar la admisión", escribieron los magistrados en la sentencia oficial.
Postura del Departamento de Seguridad Nacional
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) manifestó su desacuerdo total con la decisión del 11.º Circuito y defendió la legalidad de la detención obligatoria. A través de un comunicado, la agencia afirmó que la posición del gobierno busca aplicar la ley "tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro". Expertos legales anticipan que, debido a que otros tribunales federales han fallado de manera distinta en casos similares, es probable que el gobierno presente una apelación ante la Corte Suprema para buscar una resolución definitiva a nivel nacional.
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