Desde este martes 21 de abril, las autoridades aeroportuarias de la isla han comenzado a aplicar una nueva normativa de Cuba que redefine los protocolos de seguridad y fiscalización en sus fronteras.
El reglamento, derivado del Decreto Ley 108 publicado a inicios de año, otorga mayores atribuciones a los oficiales para intervenir maletas y envíos postales bajo un criterio de "perfeccionamiento institucional". Aunque el discurso oficial apunta hacia una mayor agilidad en los trámites, el texto legal refuerza la vigilancia sobre los artículos que ingresan los viajeros, especialmente aquellos provenientes de ciudades con alto flujo migratorio como Miami.
Vigilancia sobre encomiendas y "mulas"
Uno de los pilares de la nueva legislación de Cuba es el combate directo contra la importación de mercancías destinadas a terceras personas. La normativa establece un control riguroso sobre bultos o paquetes que no formen parte del equipaje personal del viajero. En caso de detectarse estas "encomiendas", los agentes están autorizados para proceder con el decomiso inmediato de los artículos. Esta medida impacta directamente en la dinámica de las "mulas", quienes transportan suministros básicos en un contexto de profunda escasez de alimentos y productos de primera necesidad dentro del país.
Sanciones por contenido ideológico
La ley introduce una categoría de infracción denominada "muy grave" relacionada con la seguridad nacional. Bajo este concepto, la aduana de Cuba puede sancionar la introducción de cualquier material clasificado como "propaganda contraria al interés del Estado". A pesar de la severidad de la norma, el texto no detalla qué tipo de bibliografía, objetos o documentos específicos entran en esta denominación, dejando un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios de frontera. Las penalizaciones por este concepto incluyen el decomiso de la mercancía y multas que podrían ascender hasta el triple de su valor.
Atribuciones y excepciones arancelarias
El marco legal concede facultades extraordinarias al jefe de la Aduana General, quien ahora tiene potestad para decidir el destino final de las mercancías retenidas y autorizar regímenes especiales según su criterio. No obstante, la nueva regulación de Cuba aclara que no se han modificado las políticas de exención de aranceles vigentes para productos críticos como medicinas y alimentos.
El enfoque de la ley se centra en la penalización de quienes omitan declaraciones, oculten bienes o intenten evadir los controles mediante el uso de maletas de terceros.
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