Junta Directiva Nacional del CNP
La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas deplora la ola de autocensura con que los medios de comunicación del país, principalmente los radioeléctricos, ha dejado desinformada a la colectividad venezolana sobre los hechos suscitados en varias ciudades como San Cristóbal, Mérida, Valera y Caracas, donde ha habido un saldo de muertos, heridos y detenidos en las últimas horas. Como órgano rector de la actividad periodística en el país, y como custodio y garante de la libertad de expresión, según lo consagra la Ley de Ejercicio del Periodismo, el CNP conmina a sus agremiados a exigirles a sus empleadores, tanto públicos como privados, a que se permita darles a conocer a los ciudadanos venezolanos lo que está sucediendo, de manera veraz, balanceada y plural.
Nuestro código de Ética, recientemente revisado, contempla que la información debe ser veraz, oportuna e imparcial, por lo que estos tres principios deben ser la guía para el ejercicio profesional a la hora de informar. Asimismo, nuestro código dice en su Artículo 3 lo siguiente: «El periodista debe impedir la concepción, promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de información», razón por la cual, ningún agremiado debe prestarse para generar desinformación ni silenciamiento informativo.
El Colegio Nacional de Periodistas considera que la censura a la televisión, más la negativa del gobierno de permitirles a los medios impresos el cambio de moneda nacional a divisas para la compra de papel a los proveedores extranjeros –lo que ha generado al menos una decena de periódicos cerrados– han sumido a Venezuela en una hora negra de desinformación que atenta directamente contra la condición democrática del país, que viola la Constitución y nos hace vulnerables ante las decisiones e imposiciones del poder. No obstante, nuestra función como comunicadores sociales responde directamente al pueblo y a las leyes, y no a las autoridades. El artículo 2 de nuestro código deontológico dice: « El periodista tiene su origen en la libertad de expresión y el derecho a la información, normas democráticas consagradas en la Constitución de la República. El periodista debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios», a propósito de lo cual recordamos que el artículo 337 de nuestra carta fundamental sostiene aun en las circunstancias de que el gobierno suspenda todas las garantías, quedan vigentes aquellas prerrogativas que tienen que ver con «los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».
Como órgano colegiado les recordamos a nuestros agremiados que atentar contra la libertad de expresión, sea de forma activa o pasiva, lesiona el principio fundamental de nuestra carrera. También alertamos que el sensacionalismo (exageraciones inadecuadas de los hechos), el amarillismo (invención de noticias fantasiosas) y la difusión de rumores son prácticas que atentan contra el derecho del ciudadano a estar correctamente informado, por lo que se hace imperativo que se asuma una actitud profesional y responsable a la hora de difundir noticias, ya sea como parte de nuestro trabajo o como ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos.
2014-02-14