Los alcaldes de los municipios de Baruta, El Hatillo y Los Salias ofrecieron una rueda de prensa desde la sede de la Alcaldía de Baruta, donde denunciaron la crisis de servicios públicos que afecta a la Gran Caracas, le exigieron a las autoridades nacionales competentes un plan de atención transparente y soluciones estructurales frente a los constantes apagones y la escasez de agua.
La crisis de los servicios públicos ha escalado hasta convertirse en un problema estructural que compromete la calidad de vida y la actividad económica de los ciudadanos. Durante el encuentro con los medios de comunicación, las autoridades municipales explicaron que las interrupciones eléctricas diarias y los bajones de tensión no solo dejan a oscuras a los hogares, sino que también paralizan los sistemas de bombeo de agua, alteran los ciclos de distribución y vulneran derechos fundamentales como la salud y la educación.
Ante este panorama, los jefes locales recalcaron que su deber no se limita a la contraloría, por lo que decidieron alzar la voz para convertirse en parte activa de las soluciones.
En el caso específico de Baruta, las fallas recurrentes en el cableado y la explosión de transformadores han dejado a sectores enteros sin energía eléctrica durante varios días seguidos, mientras que los cronogramas de suministro de agua potable se tornan inalcanzables debido a la falta de energía suficiente para impulsar el líquido hacia las zonas altas.
Esta situación se repite en El Hatillo, municipio que acumuló un récord de 598 horas sin servicio eléctrico y decenas de zonas residenciales privadas de agua, obligando a los vecinos a destinar recursos significativos para la compra de camiones de cisterna.
Por su parte, la jurisdicción de Los Salias enfrenta una vulnerabilidad al depender estrictamente del sistema Panamericano y del embalse de La Mariposa, donde la falta de energía eléctrica continua frena la distribución para los Altos Mirandinos.
Para hacer frente a esta contingencia, los alcaldes formalizaron tres propuestas concretas dirigidas a Corpoelec, Hidroven y las instancias nacionales competentes.
En primer lugar, solicitaron declarar la emergencia en los servicios públicos de la Gran Caracas mediante un plan extraordinario de recuperación de infraestructuras. En segundo lugar, propusieron autorizar la contratación y coordinación de cuadrillas técnicas municipales debidamente certificadas para atender averías menores con mayor celeridad. Finalmente, plantearon establecer incentivos fiscales y la exoneración del IVA en la adquisición de materiales eléctricos y luminarias para optimizar la capacidad de respuesta local.
La articulación institucional se perfila así como la única vía viable para rescatar el bienestar de los habitantes, dejando de lado la confrontación política para anteponer las necesidades reales de comunidades integradas por adultos mayores, comercios y familias trabajadoras. Los mandatarios locales insistieron en que el agua y la electricidad no son privilegios, sino condiciones indispensables para vivir con dignidad, razón por la cual mantendrán las mesas de trabajo y exigirán respuestas técnicas con cronogramas claros a las empresas estatales encargadas.
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