Redacción 2001.com.ve| Miguelangel Caballero
La década que corre entre el 23 de enero de 1958, cuando es depuesto Marcos Pérez Jiménez y 1968 cuando Rafael Caldera gana las elecciones, marca la consolidación y “depuración” del Partido del Pueblo. En 1958 Rómulo Betancourt retoma el control de Acción Democrática, consolida un Pacto con Copei y URD y derrota a Larrazábal en las elecciones presidenciales. Ganadas las elecciones, Betancourt se dedica a reiniciar, moderada y consensualmente, un importante proceso de reformas sociales y económicas en el país y, a consolidar su poder dentro de Acción Democrática.
La década que corre entre el 23 de enero de 1958, cuando es depuesto Marcos Pérez Jiménez y 1968 cuando Rafael Caldera gana las elecciones, marca la consolidación y “depuración” del Partido del Pueblo. En 1958 Rómulo Betancourt retoma el control de Acción Democrática, consolida un Pacto con Copei y URD y derrota a Larrazábal en las elecciones presidenciales. Ganadas las elecciones, Betancourt se dedica a reiniciar, moderada y consensualmente, un importante proceso de reformas sociales y económicas en el país y, a consolidar su poder dentro de Acción Democrática.
El Pacto de Punto Fijo evidenció madurez, racionalidad moderna y democrática de los políticos venezolanos. La moderación de Acción Democrática y el liderazgo de Rómulo Betancourt contribuyeron al establecimiento de este Pacto entre civiles contra la amenaza militar y por la consolidación del régimen democrático.
En un contexto de inestabilidad política y social, el año de 1958, los más importantes dirigentes de Acción Democrática se encontraban convencidos de la necesidad de establecer un conjunto de pautas de convivencia que evitaran el canibalismo político que dio al traste con el experimento democrático del trienio 1945–1948.
El proceso vivido durante la dictadura, nos hizo reconocer que no se debían cometer errores como los que llevaron la dictadura al poder, tales como la intolerancia, el descuido de la unidad democrática y la falta o dificultad en lograr acuerdos básicos para mantener y consolidar la democracia. Fue el reconocimiento de aquellos errores los que dieron sustento político al Pacto de Punto Fijo, una vez caída la dictadura.
El Pacto de Punto Fijo se logró y soportó en el reconocimiento de que existen reglas en el juego político que hay que respetar; que el consenso y la negociación son herramientas de la práctica política democrática básicas para superar tensiones; que la discusión no significa llegar a un proceso de crisis; que es posible ponerse de acuerdo en aspectos básicos para la democracia y para el país, sin perder la personalidad política propia.
Estas pautas no podían ser fijadas por una sola parcialidad política, se requería el concurso de todos los grupos que habían participado en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El tránsito de la dictadura a la democracia no se encontraba asegurado en 1958, el regreso del militarismo era una amenaza permanente. Diversos intentos de Golpe de Estado habían colocado en una misma acera a los dirigentes civiles democráticos, contra la intervención de los militares en la política venezolana.
En diez años de gobiernos militares los distintos grupos políticos habían evolucionado. Acción Democrática estaba dispuesta a negociar y a establecer pautas de consenso con los demás grupos políticos, Copei y Rafael Caldera habían limado asperezas en el exilio y en la resistencia, así como Jóvito Villalba y URD habían demostrado su vocación democrática en su lucha contra la dictadura. Por medio del Pacto, firmado por Rafael Caldera, Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt, con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela. Los líderes de los partidos políticos se comprometieron, primero, a defender la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral, segundo, a que el partido que triunfara en las elecciones de diciembre conformaría un Gobierno de Unidad Nacional, con presencia de todos los partidos firmantes en el gabinete y en diálogo permanente con los dirigentes y, finalmente, al establecimiento de un Programa Mínimo Común, que las tres organizaciones se comprometían a respetar en caso de que cualquiera de ellas alcanzara la Presidencia.
El Programa Mínimo Común recogía un conjunto de consensos democráticos generalizados en la época, muchos de los cuales habían sido impulsados por Acción Democrática desde su fundación. En los ámbitos de la Acción política y la Administración Pública elaboración de una constitución democrática, regularización de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, derechos económicos y sociales, reforma de la administración, entre otros; en cuanto a la política económica asignando al Estado un papel preponderante, reconociendo la función primordial de la industria privada; la Reforma Agraria; y la elaboración de un Plan integral de desarrollo, son algunas características. En política petrolera y minera, por ejemplo, la revisión de las relaciones con las empresas para obtener una participación más justa en los beneficios derivados de la explotación del petróleo. En política social y laboral políticas de aumento de población, defensa y valorización del capital humano, protección a la madre y al niño, política de vivienda y lucha contra el desempleo, entre otras. En política educacional, el fomento de la educación popular alfabetización, intervención estatal sin detrimento de la libertad de enseñanza. Con relación a las Fuerzas Armadas, su modernización, asegurando su carácter apolítico, obediente y no deliberante, y el ascenso por méritos. Agregándose el diseño de política inmigratoria y una política internacional democrática.
Dentro de Acción Democrática, el enfrentamiento entre los dirigentes históricos y los jóvenes más radicales se vio impulsado por dos hechos fundamentales. Por un lado, el impacto que la Revolución Cubana produjo en la juventud latinoamericana y, por el otro, al enfrentamiento de la “izquierda revolucionaria” del Partido con la política reformista del gobierno de Betancourt.
Para abril de 1960 la “izquierda revolucionaria” había sido expulsada de Acción Democrática. La primera división del partido del pueblo se había consumado. Muchos de los jóvenes expulsados formaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y se sumaron a la lucha armada contra el gobierno de Betancourt
Durante el gobierno de Rómulo Betancourt se inicia en un amplio esquema de modernización de la sociedad y de la economía venezolana que implicaba la profundización en la política de industrialización a través de del programa de la sustitución de importaciones. Según palabras de Manuel Caballero, se trataba de “edificar una sociedad capitalista con fuerte participación del Estado y con una prioritaria intención de desarrollo social, o sea de mejoramiento del nivel y la calidad de vida de las clases más desfavorecidas”.
Esta nueva sociedad democrática debía estar cimentada sobre cinco pilares fundamentales: una Fuerza Armada Nacional eminentemente profesional, institucional y moderna, alejada del debate político cotidiano; los partidos políticos organizados, como constructores de consensos e intermediarios; el empresariado, relativamente débil en Venezuela frente a un poder político tradicionalmente arbitrario y autoritario; los sindicatos, controlados durante mucho tiempo por los partidos políticos; y, natural en una sociedad mayoritariamente católica, la iglesia.
Estos lineamientos generales se desarrollan durante el gobierno de Betancourt, se aprueba el I Plan de la Nación y se inicia inmediatamente la reorganización de la administración pública, ante el desorden administrativo que el gobierno de Larrazabal había dejado tras el Plan de Emergencia. El nuevo gobierno, ante la necesidad de un ajuste macroeconómico, reduce en un diez por ciento los sueldos de los empleados públicos y devalúa la moneda. Dentro de la reestructuración de la administración pública, el 14 de julio de 1961, se creó la Oficina Central de Personal (OCP) para regular la política del gobierno en torno a la profesionalización de la carrera de los funcionarios públicos.
Para desconcentrar la industria se dio inicio a un amplio plan de construcción de infraestructuras. Durante este quinquenio la zona La Victoria–Maracay–Valencia cambió de fisonomía, con el surgimiento de una nueva zona eminentemente industrial. Igualmente, como parte de una nueva concepción de desarrollo, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, se concretó la idea de convertir a Guayana en un nuevo polo industrial como un pivote para reducir al máximo la inconveniente y exagerada dependencia del petróleo; en 1960 se crea la CVG como motor de las industrias del hierro y del acero y el desarrollo hidroeléctrico del Caroní. El 2 de julio de 1961, como síntoma de un nuevo modelo urbano e industrial, Betancourt inaugura la ciudad de Santo Tomás de Guayana, integrada por las ciudades de San Félix y Puerto Ordaz.
El modelo de sustitución de importaciones, bajo el que el gobierno Betancourt realiza su política económica, funcionará durante los tres primeros lustros democráticos. La creación de Sidor en 1962 es parte de este nuevo modelo de creación de un parque industrial venezolano distinto a la industria de los hidrocarburos.
En materia petrolera también se pone en práctica las políticas públicas que Acción Democrática había diseñados en la década de los cuarenta. Se alcanza un acuerdo con las compañías petroleras para la realización de “consultas” para el establecimiento de los precios del petróleo. El 21 de abril de 1960 se crea la Corporación Venezolana del Petróleo y, en septiembre, se apoya la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Pero la construcción de la Venezuela moderna no se detiene en la materia económica, una agresiva política de inclusión y de justicia social se desarrolla durante el quinquenio. La Reforma Agraria, promulgada el 5 de marzo de 1960, tiene consecuencias paradójicas: por un lado, es una antigua reivindicación de los movimientos populares de casi toda Latinoamérica, pero, al coincidir esta política de inclusión del campesinado, con la dinámica de la transformación de Venezuela de un país eminentemente rural en uno mayoritariamente urbano, signo de modernidad, y al haber puesto el énfasis exclusivamente en la reivindicación del campesino, descuidando el necesario impulso de la productividad y competitividad propios de las empresas del agro, sus efectos fueron limitados. No obstante, es importante destacar que la modernización del campo venezolano modificó la estructura de la producción agrícola durante los años posteriores. Según las reflexiones de Manuel Caballero:
“Se repartió una buena cantidad de tierra y diez años después de iniciada la reforma, se podía considerar cumplido uno de sus objetivos: la eliminación de las formas indirectas de tenencia y explotación de las tierras, o sea la de los latifundios en manos de propietarios ausentistas, que vivían del trabajo ajeno”…
En materia educativa también se concretaron profundas políticas de inclusión, que permitieron, a mediano plazo, un importante proceso de movilización social ascendente y la creación de la clase media contemporánea en Venezuela. Durante el gobierno de Betancourt no sólo se construyeron tres mil escuelas primarias y doscientos liceos, sino que se inauguró una importante tradición de los gobiernos democráticos, que el Presupuesto del Ministerio de Educación superó al de las Fuerzas Armadas Nacionales. La inmensa inversión en educación se compaginó, más allá de la tesis del Estado Docente, con la tolerancia y estímulo a la expansión de la educación privada, fruto también de una política de convivencia democrática con la Iglesia Católica venezolana refrendada en la firma del Concordato con la Santa Sede.
El desarrollo social se compagina con una expansión de las políticas culturales del Estado venezolano, la creación del INCIBA, y su posterior transformación en el Conac, fue síntoma de un importante resurgir de la vida teatral, literaria y artística durante este período.
Mientras el gobierno de Betancourt consolida un importante proceso de reformas: la creación de la Opep, la Reforma Agraria, la electrificación del país y la construcción masiva de escuelas, se da de manera paralela una dura lucha contra la extrema izquierda, en la guerrilla y, simultáneamente, contra la extrema derecha, enfrentando diversas insurrecciones militares. Ese primer gobierno de Acción Democrática tuvo que soportar varias rebeliones, un intento de magnicidio y el inicio de la lucha armada de la guerrilla.
De esta manera, se superó también una temprana crisis económica. Para el 25 de diciembre de 1963, Alfredo Machado Gómez, presidente del Banco Central de Venezuela, señala que la economía venezolana había superado la marca de los años previos en cuanto a la recuperación, colocando su tasa de crecimiento económico entre el 4 y 5%.
Las libertades políticas se desarrollan con la instauración del régimen libre de partidos políticos y con la promulgación de una nueva constitución democrática en 1961, apoyada mayoritariamente por los venezolanos con su participación masiva en los comicios de 1963, lo que se convirtió en la gran derrota política de las guerrillas de la extrema izquierda.
En la política exterior la Doctrina Betancourt, de “no reconocimiento” de los regímenes de facto en el continente, así como una política activa de defensa y promoción de la democracia marcó la primera década venezolana la gestión de los gobiernos de Acción Democrática. La idea de tender un “cordón” alrededor de los regímenes dictatoriales del hemisferio chocó contra una dura realidad continental: la democracia se encontraba en retroceso y el aislamiento de Venezuela se convirtió en la crítica más común contra dicha política. Además, el gobierno venezolano se mantuvo muy cercano a la Alianza para el Progreso y al liderazgo del Presidente estadounidense John F. Kennedy. El gobierno reformista y democrático de Rómulo Betancourt se convirtió en punta de lanza de una alternativa democrática ante la expansión del comunismo en el continente, en estrecha relación con la Alianza para el Progreso.
Hoy, a finales del siglo XX e inicios del XXI, aquella doctrina se presenta como actualizada o, en otros términos, como avanzada para la época en que fue establecida. En efecto, es a finales del siglo XX que la OEA sanciona la Carta Democrática que, incluso, en medida más suave es análoga a la doctrina Betancourt.
La segunda división del Partido se teje entre 1961 y 1962. Un problema entre el Comité Ejecutivo Nacional e importantes dirigentes lleva a que el organismo expulse a varios líderes, lo cual dio inicio a la creación del PRIN. Raúl Ramos Giménez y el denominado grupo “ARS”, dominando el CEN del Partido se enfrascan en una lucha que llevó a la realización de dos Convenciones Nacionales en enero de 1962, una en el Teatro Caracas, la del grupo ARS Ramos Giménez, y otra en el Teatro Boyacá, con Paz Galarraga y Raúl Leoni. Ambos grupos se disputaron los símbolos del Partido, el Consejo Supremo Electoral decidió someter a escrutinio popular la iconografía adeca: en las elecciones presidenciales de 1963 Rául Leoni, con la tarjeta negra, vence a la tarjeta plata de ARS, y se queda con los símbolos partidistas y con la Presidencia de la República.
El gobierno de Leoní se desarrolló como una continuidad política y administrativa con el quinquenio anterior, pero no contó con el apoyo de Copei como sí lo hizo Betancourt. No obstante, se estableció como un gobierno de coalición con URD y el FND de Uslar Pietri.
Se adelantó aún más el proceso de reformas económicas y sociales en el país entre 1964 y 1969, continuando el impulso de la modernización del Estado y de la sociedad. De manera paralela, frente al extremismo, ya derrotado políticamente en las elecciones presidenciales de 1963, se reforzó la dura política de represión contra las guerrillas.
La economía creció y se consolidó durante el gobierno de Raúl Leoni, superando las dificultades de los primeros años de la democracia. Venezuela fue testigo de una importante expansión del sector manufacturero, del aluminio y del hierro. Durante el gobierno de Leoni creció la producción petrolera a los niveles más altos, hasta alcanzar, en 1968, un promedio diario de 3.600.000 barriles. De igual manera aumentó la explotación del mineral de hierro, el segundo producto de exportación, hasta alcanzar más de 16.000.000 TM extraídas. Se fortaleció la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que tuvo en 1968, por primera vez, utilidades por Bs. 24.000.000. Los sectores internos, destacando la agroindustria como derivación colateral de la modernización del campo, crecieron en más de 6,5% anuales.
Es importante destacar que la política de sustitución de importaciones impulsada por esos gobiernos contribuyó al desarrollo de la industria privada. Este crecimiento de la economía mejoró significativamente los niveles de empleo. La reducción del desempleo se compaginó con el aumento medio de los sueldos de los empleados, que fue de Bs. 78,80 mensuales y con el de los obreros, que alcanzó Bs. 56,10 por mes. Los programas de la Reforma Agraria se profundizaron y ampliaron.
El gobierno puso en práctica un conjunto de medidas para estimular el desarrollo de los principales sectores productivos, la política fiscal estuvo orientada a lograr una mayor justicia tributaria. Sin embargo, a pesar de que la Reforma Tributaria que AD intentó aprobar en el Congreso, la misma fue bloqueada por presiones externas. El gasto público durante el quinquenio de Leoni se canalizó hacia áreas de mayor beneficio social a la población más necesitada, incrementándose los gastos destinados a financiar programas de educación y servicios sanitario-asistenciales.
La infraestructura vial venezolana continuó ampliándose, se construyeron y reconstruyeron 3.993 km de carreteras y autopistas y se pavimentaron y repavimentaron 6.330 km. De la misma manera se completó la unificación terrestre de Venezuela al inaugurarse los puentes sobre el Río Orinoco y el Río Apure que se agregaron a Puente sobre el Lago de Maracaibo inaugurado en 1963.
La industria de los hidrocarburos y derivados se consolidó, con la ampliación del Complejo Petroquímico de Morón y la construcción de El Tablazo en 1967. La electrificación de Venezuela, de donde se desprende un gran conjunto de beneficios sociales, tiene un momento importante de desarrollo con la inauguración de la Represa del Gurí en 1967 y la posterior conexión de toda la red eléctrica nacional. Esto contribuyó a establecer a la región de Guayana como el más importante polo de desarrollo industrial fuera de la región costera del norte. Se invirtieron importantes sumas en construcción de viviendas a precios moderados, más de cien mil, y en urbanismo, así como en la construcción de acueductos y obras sanitarias. En 1968 comenzó a funcionar el Banco de los Trabajadores de Venezuela, como una entidad dedicada a la captación del ahorro popular y a la canalización de recursos hacia las necesidades básicas de la clase obrera.
La creación de un sistema de seguridad social moderno e incluyente fue una de las preocupaciones fundamentales del gobierno de Raúl Leoni y Acción Democrática, como parte de dicha construcción el 1° de enero de 1967 entró en vigencia una nueva ley que reguló los seguros sociales, y durante todo el quinquenio el Seguro Social fue objeto de reformas administrativas y asistenciales.
La política de modernización hacia las Fuerzas Armadas Nacionales se adelantó durante este quinquenio, atendiéndose al mejoramiento profesional, a la construcción de instalaciones militares y a la renovación de equipos y materiales de guerra. Por último, la Compañía Venezolana de Navegación arrojó un beneficio líquido de Bs. 34.000.000 y los niveles de seguridad en el tráfico aéreo aumentaron.
La más importante división de la historia de Acción Democrática ocurrió en 1967. Luego que en unas elecciones internas, concebidas como una especie de primarias, la plancha dominada por Paz Galarraga derrota a la de Gonzalo Barrios, Betancourt vuelve de su retiro en Berna para “poner orden” en el partido al considerar que las cercanías de Prieto Figueroa con el radicalismo de izquierda podían perjudicar a la estabilidad de la democracia venezolana. Se impone la candidatura presidencial de Gonzalo Barrios. El rechazo a la maniobra fue tajante por parte de los afectados. Uno de los más importantes dirigentes históricos de la organización, Luis Beltrán Prieto Figueroa, junto a Jesús Ángel Paz Galarraga, es expulsado del partido llevándose consigo a una buena parte de la militancia, incluyendo a la mayor parte del Magisterio. Aparece de esta manera el Movimiento Electoral del Pueblo. Durante el año electoral de 1968, y después de que la mayor parte de los aparatos guerrilleros se encontraban política y militarmente derrotados, se abrió el cauce para el posterior proceso de pacificación e integración de la extrema izquierda en el sistema político democrático; proceso que se desarrollará después de 1969.
Como hemos visto, entre 1961 y 1968 Acción Democrática purga a sus sectores más radicales, a través de dos divisiones y pierde por primera vez unas elecciones presidenciales, en gran parte, debido a la pérdida del electorado urbano. Más de un politólogo de la época presagiaba el fin de Acción Democrática. Pero no contaban con el fenómeno de Carlos Andrés Pérez.
La reflexión más importante que, a lo interno de la organización, se puede hacer es que los conflictos internos en la década de los sesenta reflejan la dificultad de AD para manejar adecuadamente sus disidencias internas en el contexto de grandes presiones sobre los gobiernos de Betancourt y Leoni y sobre el partido mismo. Con información de Bliblioteca Memoria Histórica de Acción Democrática.
2016-09-28