EFE
Madrid y otros nueve grandes municipios de su región afrontan restricciones más drásticas de movilidad y de actividad socioeconómica decretadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el contagio de coronavirus, pero rechazadas por las autoridades madrileñas, que este viernes pedirán a la Justicia su suspensión cautelar.
Las medidas, que deberían aplicarse desde este sábado, han generado una tensión creciente entre el Ejecutivo español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, y la región autónoma de Madrid, que preside la conservadora Isabel Díaz Ayuso.
Las discrepancias políticas se dan también dentro de la coalición de gobierno regional que forman los conservadores y los liberales en Madrid, pues éstos son más partidarios del diálogo entre administraciones que de acudir a la vía judicial.
Las nuevas limitaciones suponen impedir, salvo excepciones, la entrada y salida de personas de las poblaciones de más de cien mil habitantes con al menos 500 casos de coronavirus por 100.000 personas, más de un 10 % de positivos en pruebas PCR y superar el 35 % de ocupación de camas de cuidados intensivos con enfermos de covid-19.
Estas condiciones se dan, por ahora, solo en la capital de España y otras nueve poblaciones de su región, la más afectada.
España sumó el jueves 9.419 nuevos contagios de coronavirus, de los que 3.715 se confirmaron en las 24 horas anteriores, hasta 778.607 casos desde que comenzó la pandemia y 31.973 fallecidos.
Según el informe diario del ministerio de Sanidad, Madrid acumuló un 34 % de las nuevas infecciones (3.227) y confirmó 1.206 positivos el miércoles.
Díaz Ayuso dijo el jueves que cumplirá "de manera estricta" la orden de restringir la movilidad, aunque la llevaría "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños".
El alcalde de Madrid, el conservador José Luis Martínez Almeida, se mostró en contra de las restricciones al decir que la crisis del coronavirus "no se resuelve con imposiciones y sin criterios técnicos".
Por el contrario, Sánchez pidió a todas las autoridades regionales y municipales de España "alejar" la pandemia del "debate partidista", ya que "solo hay un enemigo: la covid", argumentó.
Mientras el ministerio de Sanidad asegura que las medidas son de cumplimiento obligatorio, la Comunidad de Madrid piensa que no tienen validez jurídica porque fueron acordadas sin consenso, solo entre el Gobierno central y 12 de las 17 regiones españolas el miércoles pasado, con el voto en contra del resto.
2020-10-02
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