El miércoles 3 de diciembre de 2025, un tribunal federal en Los Ángeles dictó sentencia contra Salvador Plasencia, el galeno que admitió haber suministrado ketamina al actor antes de su muerte. Plasencia se declaró culpable en julio de este año por cuatro cargos de distribución ilegal del anestésico.
La condena establece 30 meses de prisión federal, equivalente a 2 años y medio, más dos años adicionales de libertad supervisada y una multa de 5.600 dólares. Con esto, Plasencia se convierte en el primer sentenciado de los cinco acusados relacionados con la muerte de Perry.
Detalles del caso y acusaciones contra Plasencia
Según la investigación judicial, Plasencia operaba una clínica de urgencias en el área de Los Ángeles, desde donde distribuyó múltiples dosis de ketamina al actor y a su asistente en los meses previos al deceso.
Aunque ese médico no suministró directamente la dosis fatídica que causó la muerte de Perry, el juez a cargo de la sentencia subrayó que su papel fue clave: “alimentó la adicción de Perry”, facilitando el acceso ilegal a la droga y “explotando su vulnerabilidad con fines de lucro.”
Voces de la familia y la justicia en la audiencia final
Durante la audiencia, miembros de la familia de Matthew Perry ofrecieron declaraciones emotivas donde describieron el sufrimiento y la pérdida causada por la muerte del actor. Calificaron las acciones del médico como una traición a la confianza, condenando el aprovechamiento de la adicción de Perry para obtener dinero.
Por su parte, Plasencia rompió en llanto tras escuchar la sentencia. En pocas palabras pidió perdón a la familia, admitió su responsabilidad y reconoció que falló en su deber como médico. Fue escoltado fuera de la sala esposado, marcando el fin de su carrera profesional: meses atrás ya había entregado su licencia médica.
Qué representa este fallo para el caso general
Este veredicto marca un precedente judicial en uno de los casos más mediáticos vinculados a sobredosis de celebridades en años recientes. Al ser el primer condenado de los cinco acusados, la sentencia envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que implica suministrar fármacos controlados de forma ilícita.
Mientras tanto, los otros implicados, incluyendo supuestos proveedores de la droga y colaboradores de la red clandestina, aún esperan su momento ante la justicia, lo que mantiene abierta la investigación y la expectativa sobre nuevas condenas.
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