El fisioterapeuta y divulgador de la salud español Antonio Pérez, conocido en el ámbito digital como "Toni", lanzó una contundente denuncia pública contra el creador de contenido venezolano Gianpiero Fusco. El choque entre ambas figuras ocurrió tras una serie de publicaciones donde el influencer cuestiona abiertamente la existencia del cáncer y desmerita la efectividad de tratamientos médicos validados como la quimioterapia.
Alzar la voz
Pérez decidió alzar la voz tras recibir múltiples pruebas, mensajes directos e incluso testimonios de usuarios de las plataformas digitales. De acuerdo con el fisioterapeuta, el creador de contenido no solo difunde desinformación científica, sino que ofrece asesorías pagadas a personas que padecen enfermedades graves, bajo la promesa implícita o directa de ofrecer alternativas frente a la medicina tradicional.
Conducta irresponsable
En su declaración, Pérez tildó esta conducta como un acto irresponsable que explota la vulnerabilidad emocional de las familias golpeadas por diagnósticos severos. “Lo primero, porque no se puede ser más miserable que jugar con la desesperación de quien tiene un cáncer”, afirmó con contundencia el profesional español durante su intervención. Además, sostuvo que las afirmaciones del influencer sobre las terapias farmacológicas y oncológicas carecen de originalidad, al señalar que copian de manera textual discursos de otros defensores de las pseudociencias en internet.
Regulaciones de salud
La situación trasciende el plano del debate ético para entrar en el terreno legal. Pérez recordó que la legislación en materia de salud, tanto en España como en Venezuela, establece regulaciones estrictas para frenar el ejercicio ilegal de las profesiones sanitarias. El marco jurídico de ambos países exige un título universitario oficial habilitante para prestar consejos, guías o tratamientos orientados a curar o mitigar afecciones de salud.
Integridad del paciente
El código penal español sanciona con penas de cárcel el intrusismo profesional, al tiempo que prohíbe de manera explícita la promoción y venta de métodos curativos sin acreditación científica formal. Por su parte, la normativa venezolana refleja parámetros de protección idénticos para salvaguardar la integridad de los pacientes frente al ejercicio ilegal de la medicina.
Medidas cautelares directas
Pérez cuestionó la lentitud de los organismos de control y la falta de acción por parte de las plataformas digitales al permitir la permanencia de estos discursos. El fisioterapeuta instó al Ministerio de Sanidad y a las autoridades competentes a ejecutar medidas cautelares directas, como el cierre o restricción de las cuentas donde se comparte este tipo de material.
Responsabilidad legal
A través de sus canales de difusión, el especialista reafirmó la importancia del trabajo que realizan los verdaderos profesionales de la salud en las redes sociales. Según explicó, la educación basada en evidencia científica representa la principal herramienta de defensa que tienen los ciudadanos ante las estafas económicas y los riesgos biológicos que promueven los actores no cualificados. La controversia mantiene encendido el debate sobre la responsabilidad legal de los creadores de contenido cuando abordan temas de salud pública sin el debido respaldo académico.
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