Amnistía Internacional (AI) sostuvo hoy que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay "ampara la impunidad" con su decisión de declarar inconstitucional dos de los tres artículos de una ley del año 2011, que restituyó al Estado la pretensión punitiva para los crímenes de la última dictadura (1973-1985).
El fallo, que ha generado una tormenta política en el país, "da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse", indicó AI en un comunicado divulgado hoy.
Además "condena al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción".
En la opinión de Amnistía, el fallo "en la práctica, revive los efectos de la Ley de Caducidad" de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, y que perdonó todos los delitos cometidos por militares y policías en aquellos años de régimen de facto.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay ha generado varias interpretaciones, que van desde la que sostienen algunos juristas y políticos de que se debe liberar a todos los que ya están detenidos por estas causas, y quienes sostienen que igualmente se puede seguir adelante con los procesos.
Es el caso del fiscal Carlos Negro, quien hoy dijo que de ninguna manera abandonará los casos que tiene a estudio, aunque precisó que "serán los jueces quienes resuelvan" si hacen lugar al mantenimiento de las causas o se decide el archivo de las mismas.
En Uruguay se discute además si los tratados internacionales firmados por el país en el área de los derechos humanos están por encima de la Constitución y, en ese caso, también hay diferentes interpretaciones.
Amnistía Internacional cree que "el fallo ignora importantes desarrollos de derecho nacional e internacional logrados en las últimas décadas, incluyendo el obligatorio cumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que expone al Uruguay a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos".
Otro elemento de la polémica es si los delitos cometidos fueron o no de lesa humanidad, ya que "determinadas categorías de crímenes no están sujetos a prescripción, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido", por lo cual, en opinión de AI "dichos crímenes pueden y deben ser juzgados y sancionados en la actualidad".
Dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009 ratificaron la vigencia de la ley de 1986, lo que agregó un elemento más a la polémica y la tensión política generada por este tema.
En el año 2011, el actual presidente de Uruguay, José Mujica, impulsó una ley que consideraba aquellos delitos de lesa humanidad y devolvía al Estado la potestad de denunciar e investigar, pero este 22 de febrero la Suprema Corte declaró inconstitucional dos de los tres artículos de la ley.
Este lunes, miles de personas se concentraron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo, para protestar por ese fallo, en una marcha convocada por el gobernante Frente Amplio, la central de trabajadores PITCNT y la organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. /DPA