Representantes del Gobierno, la Fiscalía, el poder judicial y la sociedad civil de Bolivia participarán mañana en La Paz en una "cumbre" que tiene como objetivo hacer efectiva la puesta en marcha de la nueva ley contra la violencia machista, una lacra que registra altos índices en el país andino.
El presidente Evo Morales abrirá este encuentro "de suma importancia" porque en él se diseñarán las políticas públicas para poner en marcha la nueva legislación, dijo en una entrevista con Efe la ministra boliviana de Justicia, Cecilia Ayllón.
"Vamos a presentar una propuesta base a partir de la cual queremos recoger aportaciones para consolidar la política nacional" sobre violencia de género, señaló la ministra.
La nueva legislación, promulgada hace apenas un mes, se aceleró por mandato presidencial tras la conmoción social que provocó el asesinato en febrero de la periodista Hanalí Huaycho, quien murió apuñalada por su marido policía.
Huaycho, que había denunciado reiteradamente ser víctima de malos tratos, fue asesinada en presencia de su hijo de cinco años.
Para la ministra, este caso ha sido un detonante para que la sociedad boliviana y sus políticos reaccionaran ante un fenómeno que sitúa a Bolivia como el segundo país latinoamericano con mayores índices de violencia contra las mujeres, después de Haití.
La muerte de Huaycho "impactó absolutamente a todos en Bolivia", y "casi todas las ministras del gabinete hemos salido a marchar en contra de esto, a exigir a la Fiscalía y a la policía que nos muestre resultados", refirió Ayllón.
Aprobada la ley, llega el momento de ponerla en marcha para que "no se quede sólo en un papel", y de ahí la importancia de que políticos, jueces, fiscales, educadores, autoridades indígenas y sociedad civil trabajen conjuntamente y se coordinen.
Los principales escollos para el funcionamiento de la nueva normativa son la financiación y la coordinación entre las instituciones, dos aspectos que se "trabajarán" este jueves.
La ministra recordó que la ley fue declarada "de prioridad nacional" en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, lo que obliga a las administraciones a reservar fondos para su implementación.
Sobre la coordinación, insistió en que se trata de una ley integral "que alcanza a todos los órganos de poder en Bolivia" y confió en que en la "cumbre" se alcancen la coordinación y diálogo necesarios para que la normativa sea realmente eficaz para frenar la violencia machista.
"Es una ley integral que trabajará en todos los ámbitos que permitan poder erradicar definitivamente esta violencia", apostilló.
Además de implantar la figura penal del feminicidio, castigado con 30 años de cárcel sin posibilidad de indulto, la nueva normativa permitirá que en Bolivia la Fiscalía persiga de oficio las agresiones a mujeres.
Hasta ahora, las autoridades legalmente no podían intervenir si la víctima no denunciaba las agresiones, lo que a menudo las mujeres agredidas no hacen por miedo a las represalias.
Este cambio legal acaba con situaciones rocambolescas como la producida a finales del año pasado, cuando dos diputados de Chuquisaca supuestamente violaron a una empleada de la Asamblea de ese departamento, pero sólo se les pudo procesar por uso inapropiado de instalaciones públicas, ya que la víctima no les denunció.
De momento, destacó la ministra, la ley ha empezado a dar sus frutos, ya que se ha registrado un "incremento considerable de denuncias", aunque a la vez se ha puesto de manifiesto el "desconocimiento entre las autoridades de que tienen que atenderlas". /EFE