El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció la firma de un memorando que extiende los acuerdos entre la Policía, Justicia y el procurador general estadounidense para procesar en la jurisdicción federal a imputados en ciertos delitos relacionados con drogas y armas ilegales.
El acuerdo, eje de la estrategia contra el crimen de García Padilla, amplía además su aplicación a dos nuevas regiones de la isla -Guayama y Fajardo- y aumenta los abogados del Departamento de Justicia local destacados en los equipos policiales conjuntos.
El acuerdo establece que las autoridades federales puedan asumir jurisdicción -en Puerto Rico conviven la Justicia local y la federal estadounidense- en ciertos casos de violación a la de Ley de sustancias controladas como posesión, transporte e incautación de drogas en fronteras marítimas y aéreas.
La jurisdicción federal también se extiende a casos de robo de automóviles a mano armada, delito conocido en Puerto Rico como "carjacking", y aquellos casos en los que se produzca muerte, secuestro, uso de armas automáticas o en los que las víctimas sean menores.
La semana pasada el gobernador anunció el inicio de la activación de la Guardia Nacional para vigilar costas, puertos y aeropuertos con el objetivo de evitar la entrada de drogas y armas ilegales a la isla caribeña.
La iniciativa, denominada "Escudo Costero", cuenta además con la participación de varias agencias estadounidenses y la Fiscalía Federal.
El memorando anunciado permitirá que agentes federales asuman jurisdicción en ciertos casos de robos, tiroteos entre automóviles y casos de explotación de menores y delitos sexuales en los que se violen secciones específicas del Código Penal estadounidense.
Además, el Departamento de Justicia local sumará dos fiscales a los seis que ya están destacados para que trabajen exclusivamente con el "Strike Force" en casos de armas ilegales y crímenes violentos. /EFE
(KC)