El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, oficializó la firma del decreto que levanta la suspensión general sobre los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional, una medida orientada a modificar los esquemas de seguridad ciudadana y la protección de los colombianos que cumplen con la ley.
La decisión deroga la prohibición generalizada que operaba como regla predeterminada en el país, permitiendo que las solicitudes de salvoconductos vuelvan a evaluarse dentro del marco normativo ordinario. No obstante, el jefe de Estado aclaró que la disposición no representa un permiso indiscriminado.
Controles estrictos y requisitos vigentes
Las autoridades mantendrán vigentes las evaluaciones de riesgo, estudios de perfilamiento psicológico y la verificación de antecedentes de cada solicitante antes de la emisión de un permiso legal.
De acuerdo con el balance oficial presentado durante el anuncio, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre las Fuerzas Públicas decomisaron 15.700 armas de fuego en todo el país.
De ese total, 14.179 se encontraban directamente involucradas en la comisión de actos delictivos.
Desarme a grupos al margen de la ley
El reporte oficial detalla además el decomiso de armamento en poder de estructuras armadas irregulares:
-
Disidencias armadas: 980 armas de fuego confiscadas, incluyendo 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
-
Clan del Golfo: 551 armas incautadas en operativos policiales y militares.
-
Ejército de Liberación Nacional (ELN): 339 armas decomisadas en diversos procedimientos.
El Ejecutivo colombiano enfatizó que la prioridad de las Fuerzas Armadas será perseguir y desarmar a los grupos delictivos, garantizando simultáneamente el acceso a salvoconductos para los ciudadanos que cumplan rigurosamente con los requisitos de ley.
Visita nuestra sección: Internacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube